¿Quién es el exjefe antidrogas de Bolivia que es investigado por la DEA? (y qué tan cercano es a Evo Morales)

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El 22 de enero, a las 11:30 de la noche, la policía boliviana detuvo a Maximiliano Dávila en el paso fronterizo Villazón - La Quiaca cuando intentaba cruzar hacia Argentina. Tres días después, el exjefe antidrogas fue enviado preventivamente al penal San Pedro, en La Paz, para continuar con las investigaciones en su contra por lavado de dinero.

En setiembre del 2020, Dávila había sido acusado por un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York de pertenecer a una red que traficaba cocaína desde Bolivia hacia Estados Unidos, según una investigación realizada por la DEA durante el 2019.

La investigación involucraba, además, al exjefe policial boliviano Omar Rojas Echeverría, apodado el Pablo Escobar de Bolivia, y al narcotraficante Jorge Roca Suárez alias “Techo e paja”, quien había cumplido una condena de 27 años de cárcel en Estados Unidos por el mismo delito. Ambos fueron detenidos en Colombia y Perú, respectivamente, en un megaoperativo conjunto llamado Andes que se realizó en marzo del 2021.

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Ante esto, EE. UU. solicitó a Colombia la extradición de los acusados. En el pedido, además, se conoció que durante su cargo en la Felcn, Dávila se había encargado de brindar protección a las narcoavionetas que llevaban la droga desde Perú y Colombia hacia Bolivia, donde era refinada para luego ser enviada al norte del continente.

Una vez que se hizo público esto, Dávila fue arrestado en Bolivia.

Cercano a Evo

El expediente de Dávila está lleno de sombras e irregularidades. En el 2018 fue designado director nacional de Inteligencia, pese a no tener la antigüedad requerida para el cargo, según reveló el diario boliviano Página Siete. Al año siguiente, lo promovieron como director general de la Felcn, donde se mantuvo hasta que Evo Morales renunció a la presidencia en medio del estallido social por las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales.

Ya por ese entonces, Dávila era acusado por sus compañeros de extorsión y ofrecer protección a narcotraficantes como Pedro Montenegro, quien terminó siendo extraditado y sentenciado en Brasil por ese delito y declarando en contra del propio Dávila.

Pero todo sucedía sin que su cargo se viese afectado, en gran parte amparado por la cercanía que mantenía con Morales. Una muestra de esta estrecha relación es que una semana antes de que Evo renuncie a la presidencia, Dávila le organizó una fiesta de cumpleaños en una base de la Felcn.

Con la entrada de Jeanine Áñez al cargo, Dávila fue retirado del cargo, pero cuando Luis Arce asumió la presidencia lo designaron comandante departamental de Cochabamba, la tercera región más importante del país.

Disputa de poder

El arresto de Dávila trajo consigo una confrontación entre el exjefe policial y el ministro del Interior, Eduardo Del Castillo. El primero lo acusaba de querer vincular a Evo con el narcotráfico y ensuciar la imagen del expresidente. El segundo respondía que nadie quedaría impune bajo su administración.

Una riña llamativa, por decir lo menos, si consideramos que el actual gobierno es un aliado -por no decir una continuidad asolapada- de Morales en el poder. ¿Estaríamos entonces ante un resquebrajamiento de esta alianza o ante el descarte de un actor sobre quien se ha posado demasiado interés?

“Esto es un escándalo monumental e inocultable. Un delito de semejantes características es improbable que se realice de manera solitaria, tienen que haber tenido vínculos con la policía boliviana, Aduanas, algún cártel o narcotraficante en el exterior. En términos técnicos, al ser procesado por legitimación de ganancias ilícitas seguro que lo investigarán a él y a sus familiares pero no se buscarán más sesgos de conexión de esta actividad en la que evidentemente estaba involucrado el Estado”, comenta a El Comercio el político y abogado boliviano Germán “Chunka” Gutiérrez.

Para Gutiérrez, esta sería la forma en la que el Gobierno buscaría evitar la extradición ya solicitada por Estados Unidos y procesarlo bajo un sistema judicial cuestionado por su cercanía con el Ejecutivo. Sin embargo, tampoco descarta que la confrontación entre Dávila y Del Castillo esconda una división al interior del oficialismo.

“En el gobierno comienzan a manifestarse tres fracciones: la fracción histórica de Evo Morales, quien no ha asumido que ya no es presidente; la del vicepresidente Choquehuanca, quien fue una suerte de padre intelectual y de la plurinacionalidad; y aparece poco a poco Arce tomando decisiones. El presidente en algún momento debía darse cuenta que era presidente, es natural. Por muy leal y agradecido que sea con Morales, debe cumplir su rol”, agrega.

El también político y periodista boliviano, Virginio Lema, coincide en que el arresto de Dávila sería un intento por evitar su extradición e investigación en Estados Unidos. “Los diputados del MAS salieron anunciando que Bolivia no tiene tratado de extradición con EEUU, cosa que es absolutamente falsa. Me genera sospechas que el mismo día que sale la investigación de la DEA a él lo encarcelan. Si lo hallaba la DEA se lo iba a llevar y ahí realmente ibas a tener grandes problemas”, comenta a este Diario.

Lema, además, confirma que el gobierno atraviesa por un periodo de disputa de poder entre facciones claramente marcadas. “En este momento hay una guerra de baja intensidad muy fuerte en el Gobierno. Los ministros de Arce piden que Morales los deje gobernar, pero por otro lado está la élite logiera del MAS que quiere volver al poder y les estorban los actuales ministros. La lucha va a continuar hasta que cambien a los ministros para poner a su gente o sacarlo a Arce”, asegura.

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