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La policía antidisturbios monta guardia durante los enfrentamientos con los cultivadores de coca cerca del mercado de coca en La Paz, Bolivia. (Foto: AP / Juan Karita).
/ Juan KaritaPor Agencia EFE
Un grupo de cocaleros de Los Yungas de La Paz y la Policía se enfrentaron de nuevo este lunes por el control del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que dejó varios heridos y un apartamento en llamas en medio del pedido de los vecinos para que cesen los disturbios.
Un grupo de cocaleros de Los Yungas de La Paz y la Policía se enfrentaron de nuevo este lunes por el control del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que dejó varios heridos y un apartamento en llamas en medio del pedido de los vecinos para que cesen los disturbios.
El conflicto entre los cocaleros, que desde el miércoles pasado están apostados en la zona de Villa Fátima en la ciudad de La Paz, y la policía se prolongó hasta la noche de este lunes.
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Entre gases lacrimógenos, cartuchos y piedras, los bomberos lograron contener las llamas en el edificio en medio de un “campo de batalla”, donde comerciantes tienen cerrados sus locales por temor a daños o saqueos y los habitantes exigieron a la Policía que cesen los enfrentamientos, pues ya no se sienten seguros en sus casas a causa de las constantes detonaciones.
Asimismo, algunos cocaleros y vecinos de la zona de Villa Fátima han denunciado en reiteradas ocasiones que hay “infiltrados” en las protestas, a quienes acusan de lanzar cartuchos de dinamita y de ser los autores del incendio de los carros de la policía y de un edificio residencial.
Mónica Gonzales, una de las integrantes de uno de los grupos de cocaleros, insistió portando una bandera wiphala en que “no quieren hacerle daño” a nadie, que “no quieren enfrentamientos” y pide que los dejen “entrar al mercado” de Adepoca.
La semana pasada al menos cinco vehículos policiales fueron incendiados y la infraestructura de una sede policial sufrió varios daños, una decena de personas resultaron heridas, entre ellas dos periodistas, y más de 30 han sido detenidas, entre las que se registró un polémico arresto de uno de los reporteros locales que cubrían los incidentes.
DETONANTE DEL CONFLICTO
El lunes de la semana pasada Arnold Alanes se proclamó como principal dirigente de Adepcoca pese a que no contaba con el respaldo de los sectores liderados por Fernando Calle y Armin Lluta, quien ha sido crítico con el Gobierno de Luis Arce.
Alanes, afín al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), sostiene que fue elegido por aclamación en un congreso que ha sido cuestionado por los demás grupos que ven esta acción como un intento del Gobierno de “apoderarse” de un sector que es privado.
La cuestionada elección se dio también en medio de enfrentamientos, tras lo cual los grupos liderados por Lluta y Calle instalaron vigilias que han derivado en disturbios en las calles cercanas a la sede de Adepcoca, que permanece fuertemente custodiada por la Policía.
Al margen de los disturbios, Arnold Alanes dijo este lunes en un conferencia en la sede de Apdecoca que se acordó con varios de los asociados la entrega de espacios para que todos puedan comercializar la hoja de coca.
“Esto es para todas y todos los cocaleros sin distinción política, trabajemos en el marco de la unidad y en el desarrollo de nuestra familia cocalera” se hará entrega “de los galpones” para que puedan comercializar la hoja de coca, dijo Alanes.
El nuevo líder de Adepcoca insistió en que con la entrega de los galpones “ya no hay discurso para enfrentar a la familia cocalera” y que aún hay “algunos grupos que están confundidos”.
Las diferencias entre los cocaleros de Los Yungas afines y detractores al oficialismo viene desde 2019, cuando una facción eligió a Elena Flores, quien fue avalada por el MAS.
Un año después otro bloque de productores de coca eligió a Lluta como su máximo representante desconociendo el liderazgo de Flores, quien tras interponer un recurso legal la Justicia falló su favor.
En Bolivia el mercado de Adepcoca en La Paz y el de Sacaba en Cochabamba son los dos únicos reconocidos por una ley que rige para el comercio de la hoja de coca, que en el país tiene usos tradicionales y medicinales. Sin embargo, una parte de la producción se desvía de manera ilegal al narcotráfico.
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