Chile busca nueva Constitución: ¿Por qué fracasó el primer intento y por qué ha decaído el interés ciudadano?

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La redacción de una nueva Carta Magna es considerada la mayor victoria del estallido social que se desató en octubre del 2019 y en el que miles de manifestantes tomaron las calles de Santiago y otras ciudades durante meses para protestar en contra de la clase política y la desigualdad social en el país sureño.

En solo un mes, las masivas manifestaciones llevaron a que los partidos políticos convocaran un referéndum en el que la ciudadanía decidiría si quería reescribir su Constitución. Programado inicialmente para abril del 2020 pero postergado hasta octubre del mismo año debido a la pandemia de COVID-19, el plebiscito mostró un resultado aplastante.

El 78,28% aprobó reemplazar la Carta Magna promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Una cantidad similar de votantes (el 79%), además, decidió que la mejor forma de hacerlo sería a través de una Convención Constitucional.

De los 155 miembros que integraron la comisión, 103 eran independientes, en su mayoría identificados con el centro-izquierda o la izquierda chilena, limitando a los partidos tradicionales y sobre todo a la derecha (identificada con el gobierno de turno, encabezado por Sebastián Piñera) a apenas un 20% de los escaños.

Por aquellos primeros días, el 52% de la población chilena aseguraba sentir “esperanza” frente al proceso, según una encuesta de Espacio Público-Ipsos.

Una serie de escándalos protagonizados por algunos de estos independientes y propuestas que no encontraron el apoyo popular esperado, sin embargo, comenzaron a cambiar la balanza en contra de quienes apostaban por una reescritura constitucional.

El texto propuesto finalmente no alcanzó la luz verde en setiembre del 2022, cuando fue sometido a un referéndum en el que se impuso la opción del Rechazo por un 61,89% frente al 38,11% del Apruebo.

Con esto, la opción de reemplazar la Carta Magna de Pinochet parecía quedar enterrada. Pese a ello, el actual presidente Gabriel Boric envió una propuesta al Congreso y al Senado para diseñar un nuevo proceso constituyente. El 12 de diciembre del año pasado, catorce partidos y tres movimientos políticos cerraron un acuerdo para iniciarlo.

Un proceso diferente

Los cambios más resaltantes del nuevo proceso constituyente se producen, sin duda, en la mecánica que se utilizará.

Este nuevo intento ha comenzado con la designación de un Comité de Expertos, cuyos miembros (24) fueron elegidos por el Congreso y el Senado. Posteriormente, la población acudirá a las urnas el 7 de mayo para elegir al Consejo Constitucional.

“En este caso estará integrado por partidos políticos y no por listas de independientes como en el proceso anterior. Ellos empezarán a sesionar el 7 de junio y tendrán hasta noviembre para proponer el texto de una nueva Constitución. El mismo que será aprobado o rechazado por la ciudadanía el 17 de diciembre”, detalla a El Comercio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

“Todo este proceso será acompañado por un proceso paralelo de acción ciudadana que le entregará insumos al Consejo Constitucional para su trabajo. Esta será organizada por una secretaría ejecutiva de participación ciudadana que se constituirá hoy (martes) y estará liderada por los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, quienes intentarán organizar la voz de la ciudadanía que no pertenece a los partidos para que así puedan tener incidencia en el proceso”, detalla la experta.

“Hay varias lecciones aprendidas del proceso pasado, los que integraremos este nuevo trabajo tenemos claro que no hay tiempo que perder. Creo que el resultado normativo fue bueno, pero se manchó por las diversas situaciones secundarias que se vivieron y eso no se puede repetir. Por otro lado, rescato las oportunidades de cohesión y colaboración del proceso pasado y creo que es lo más importante que debemos transmitir al texto en esta oportunidad - el anteproyecto de nueva Constitución no puede ser para un Chile o para otro, tiene que ensamblar a ambos”, comenta a este Diario el abogado del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Gaspar Jenkins.

"Hay varias lecciones aprendidas del proceso pasado, los que integraremos este nuevo trabajo tenemos claro que no hay tiempo que perder"

Gaspar Jenkins , abogado del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo

Un escaso interés

Los aires de esperanza y revolución que se respiraban en Chile hacia fines del 2019, sin embargo, parecen haber cambiado drásticamente.

Si bien el 50,9% de la población aún está de acuerdo con cambiar la Constitución, el 57,1% de los encuestados asegura tener “nada o poca confianza” en el nuevo proceso constituyente, según el estudio Pulso Ciudadano - Febrero realizado por Activa.

“Efectivamente. No hay un nivel de interés ciudadano visible como el que se vio en el proceso anterior, donde había muchos cabildos, reuniones, redes sociales de la sociedad civil para hacer sus demandas y planteamientos”, comenta Heiss.

Una visión totalmente contraria es la que tiene Jenkins.

“No lo calificaría como menor interés, más bien diría que se acabó el sensacionalismo. Creo que la voluntad inicial de tener una nueva constitución está latente y la gente está expectante de lo que va a salir de este nuevo proceso. Me da la impresión de que por ser el órgano redactor una Comisión de Expertos, hay una atmósfera de sobriedad y confianza, pero la curiosidad y expectativa siguen ahí”, asegura.

Para Heiss, el desánimo al que hace referencia respondería a tres razones principales: el cansancio por tantas elecciones, el rechazo en el referéndum y el sentimiento de que la decisión volvió a manos de las élites políticas.

“Tuvimos 11 elecciones en dos años. Eso genera cansancio en la población. Además, el proyecto de nueva Constitución fue derrotado pero ese 38% era un número importante de gente y estuvo muy movilizada. Hoy en día, diría, se siente bastante desafecta por el rechazo a la propuesta. Y la gente que se incorporó solo por el voto obligatorio es la menos movilizada en general. Finalmente, este proceso se ve más elitista, más controlado por los partidos políticos y menos ciudadano”, explica.

La referencia de Heiss al control de la élite política incide principalmente en el acuerdo del 12 de diciembre. En él, se plantearon bases constitucionales que no podrían ser modificadas en la nueva Carta Magna y que entierra el deseo revolucionario de quienes pujaron por una nueva redacción en el 2019.

“La derecha se vio fortalecida por el Rechazo de setiembre y fue capaz de imponer algunos límites al proceso que seguro la izquierda habría querido avanzar mucho más. La definición del Estado social que garantiza la participación de los privados en la provisión de servicios sociales, por ejemplo. Aunque en mayo salga una gran mayoría de constituyentes de izquierda no podría modificar eso porque es principio constitucional”, explica Heiss.

Jenkins, por su parte, rechaza el argumento de que el proceso “cayó en las mismas manos que siempre” asegurando que los actores políticos se han visto renovados para esta nueva etapa.

“Hay muchas caras nuevas y los expertos están entusiastas y hambrientos por proponer sus ideas y materializarlas en el texto. Concebir un texto constitucional es un acto altamente político y claro, han participado al menos indirectamente los partidos, pero no por eso se han o se marginalizará a ciertos grupos y tampoco será un impedimento para instaurar cambio - el Consejo tendrá un rol importante que cumplir en ese sentido”, argumenta el abogado.

¿Qué esperar antes de fin de año?

El termómetro final para Chile -al menos en este segundo proceso constituyente- será el 17 de diciembre. Ese día, los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para participar de un nuevo referéndum y votar, nuevamente, por el Apruebo o Rechazo a la propuesta que haya diseñado la Comisión para entonces.

¿Qué creen los expertos que pasará en diciembre?

“El escenario es complejo porque realmente sería bastante lamentable y muy negativo para la política chilena tener un nuevo rechazo. Si fracasa esta nueva propuesta tendremos que seguir con la Constitución del 80, que es el peor escenario posible. Yo espero que el proceso tenga suficiente fortaleza como para superar todos estos cuestionamientos y lograr tener una nueva Constitución”, opina Heiss.

“Es un proceso que contribuirá a democratizar el sistema político pero que no hará cambios drásticos o radicales como algunos sectores esperaban tras el estallido social. Yo creo que esto va a avanzar en una dirección de profundización de la democracia chilena. Mi impresión es que la gente al final, quizás sin mucho entusiasmo, comprenderá que lo que salga de esta negociación será mucho más democrático que la Constitución impuesta por Pinochet. Yo creo que es probable que se apruebe”, agrega la experta.

"Yo creo que es probable que esta vez se apruebe la propuesta de nueva Constitución"

Claudia Heiss , directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile

“Ciertamente hay más trabajo que hacer ahora que en la primera vuelta. Primero, hay que reencantar a la población con la idea de este nuevo proceso constituyente y segundo, hacer que se enamoren del nuevo texto. Claramente nuestra expectativa es tener la misma o más participación ciudadana que el proceso pasado al momento de elegir los consejeros y para el plebiscito de salida, solo así podremos decir que logramos el objetivo inicial, que es tener una Constitución de todos los chilenos”, responde por su parte Jenkins.

"Hay que reencantar a la población con la idea de este nuevo proceso constituyente y segundo, hacer que se enamoren del nuevo texto".

Gaspar Jenkins, abogado del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo.

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