Dos aprehensiones de droga en apenas siete días ocurridas en un avión de la Fuerza Aérea y en un vehículo asignado a un cuartel del Ejército en el norte de Chile han desatado la preocupación en el país y un acalorado debate político y social sobre el grado de infiltración del crimen organizado en las instituciones castrenses y las medidas para frenarlo.
Entre estas últimas, acapara el núcleo de la discusión la necesidad de levantar el secreto bancario, una herramienta fundamental que se aplica en gran parte de los países occidentales y que la derecha y la ultraderecha, en la oposición, se resisten a modificar en el Parlamento, argumentando que viola las libertades individuales.
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“Estamos en un momento crítico donde hay que tomar decisiones drásticas, porque las Fuerzas Armadas y las Policías (Carabineros y la Policía de Investigaciones) son nuestra última frontera de protección”, explicó hoy el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al ser consultado sobre si se trata de un problema estructural o simples hechos aislados.
“Cuando uno analiza a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no han estado ajenas o exentas a la comisión de delitos de muy distinta naturaleza”, agregó.
A juicio del ministro Cordero, que las fuerzas de segurdad traspasaran la frontera de la corrupción, sería “un punto de no retorno que no ha ocurrido todavía”, puntualizó.
“¿Tenemos hoy día un problema estructural de penetración de organizaciones criminales dentro de las Fuerzas Armadas y las Policías? No hay evidencia de eso. ¿Tenemos casos graves que dan cuenta de esa penetración? La respuesta es sí“, reconoció.
Es por este motivo que, a juicio del titular de Seguridad las instituciones tinene que reaccionar de manera “muy inmediata”.
No es una cuestión política, puntualizo, “sino un problema común que demanda una lucha nacional”, manifestó Cordero en respuesta a las críticas de Evelyn Mathei, candidata de la derecha tradicional para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 16 de noviembre.
“Todas las instituciones están expuestas y las reacciones comunes para abordar este tipo de situaciones son importantes”, añadió el ministro, para quien no existen indicios de que Chile esté ante un problema estructural.
El debate político público volvió a reavivarse este jueves después de que fueran hallados 400 gramos de pasta base un termo con comida en un cuartel militar de la región de Tarapacá, cerca de la frontera con Perú y Bolivia.
La explicación oficial del Ejército fue que la droga había llegado en un vehículo militar utilizado para trasladar inmigrantes en situación irregular. Según esta version, la droga pertenecía a estos inmigrantes.
Hace una semana, cinco miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) fueron acusados de transportar cuatro kilos de droga en un avión que había partido de la ciudad de Iquique, en la frontera con Bolivia, rumbo a Santiago de Chile. Al ser detenidos, los miembros de la FACH dijeron que la droga iba en unas maletas que les entregó alguien que finalmente no subió al aparato.
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Los cinco sospechosos han sido retirados del servicio, pero su caso ha abierto un pulso entre la Fuerza Aérea y el Gobierno de Gabriel Boric por el alcance que debe tener la investigación.
La fiscalía y el propio presidente de la República exigieron a la FACH detalles que no figuraban en el informe entregado inicialmente.
Ambos incidentes coinciden con una acalorada discusión que se da estos días en el Parlamento chileno sobre la necesidad de reformar la ley sobre el secreto bancario, y en particular el de loas cuentas a nombre de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas de seguridad, para así controlar los flujos de dinero y evitar la corrupción, según explicaron a EFE diversos expertos.
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