El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, mostró este martes su intención de realizar cambios al polémico proyecto de reforma constitucional de seguridad, tras la objeción transversal al nuevo estado de excepción que propone, y que desde el Senado advirtieron que no contará con apoyo en el Congreso.
El proyecto propuesto para combatir al crimen organizado, ingresado la semana pasada, permite al presidente decretar un estado de excepción por ocho meses, sin consulta previa al Congreso, que habilita a limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación, además de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.
En ese sentido, el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Claudio Alvarado, aseguró este martes que están dispuestos a “escuchar las propuestas” antes de que inicie la discusión en el Senado a inicios de la próxima semana, donde han anunciado la posibilidad de rebajar la petición de urgencia que daba un plazo de 15 días.
“Desde el punto de vista de la renovación, uno puede decir: ‘Mire, pidamos la autorización del Congreso’, perfecto; otras personas nos podrán decir: ‘Nos parece excesivo los 120 días, estudiemos 30 días como es actualmente el otro Estado de Excepción y vamos con renovación al Congreso’. Nosotros estamos abiertos a eso”, sostuvo Alvarado a la chilena Radio Bio Bio.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sin embargo, llamó en una entrevista en la Televisión Nacional de Chile, a retirar el estado de excepción de la reforma y afirmó que su partido de centroderecha Renovación Nacional no apoyará esta medida en el Congreso y consideró que un quinto estado de excepción constitucional “no es necesario”.
La divergencia ante la propuesta también fue reflejada en la encuesta pública de Cadem, divulgada el pasado domingo, en la que el 49 % manifestó estar en desacuerdo con un nuevo estado de excepción, mientras que el 51 % consideró que el Gobierno debe retirar el proyecto para realizar ajustes y buscar acuerdos antes de volver a presentarla.
Combatir el crimen organizado se ha transformado en una de las principales prioridades de Chile, objetivo por el que Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental, dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Además, un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.
El proyecto de reforma ha sido criticado por parlamentarios opositores, que pidieron retirar la reforma, y oficialistas que cuestionaron que la medida propone una concentración de poder en la figura del jefe de Estado.
“Comparto la urgencia de desbaratar a los grupos de crimen organizado, pero claro, yo creo que en cierta forma se pasaron un poco de rosca, al no ver que realmente estas normas siempre terminan quedando. Y mañana hay otro presidente”, dijo en la chilena radio Pauta el diputado Guillermo Ramírez, presidente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).
Kast, por su parte, pidió unidad para combatir al crimen organizado y defendió la reforma y los otros proyectos de ley relacionados a seguridad a los que han dado prioridad en el Congreso, y dijo que su propuesta “no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas”.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo a la prensa que “vamos viendo cómo se puede ir mejorando, tal como hemos hecho todos los días, ustedes han visto intensas reuniones, haciéndonos cargo de esas críticas, que muchas de ellas son legítimas, otras encontramos que son injustas, pero, bueno, lo importante es conversar y llegar a acuerdos”.
La reforma también faculta al Ejecutivo para declarar que determinada agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado, previo un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional que lo respalde, además de una declaración votada en el Senado en sesión secreta.
Un temporal que recorre Chile dejó al menos cinco muertos y casi 100.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance dado este lunes 20 de julio por el gobierno, que decretó estado de catástrofe y movilizó al Ejército para labores de rescate. (AFP) SOBRE EL AUTOR
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