Miembros del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) realizan una vigilia frente al Congreso Nacional en Valparaíso, Chile. (Foto: Dedvi MISSENE / AFP)
Miembros del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) realizan una vigilia frente al Congreso Nacional en Valparaíso, Chile. (Foto: Dedvi MISSENE / AFP)
/ DEDVI MISSENE
Agencia EFE

El proyecto que permitiría de forma histórica el matrimonio igualitario en deberá sortear de nuevo las dos cámaras del Congreso por discrepancias de los parlamentarios más conservadores que obligaron a que la iniciativa fuera revisada este lunes en una comisión especial.

La tramitación se alargó el martes pasado, cuando supuestamente iba a ser la votación final, pero se desvió el trámite parlamentario a una comisión formada por senadores y diputados que afinaron algunos detalles de su contenido.

El Congreso de Chile decidirá finalmente en los próximos días si aprueba o no la iniciativa, que busca permitir llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo y además habilita la adopción y la filiación.

El matrimonio igualitario es uno de los mayores anhelos del colectivo LGTB en el país, donde por ahora los homosexuales pueden unirse bajo la figura del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.

De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de América Latina en legalizarlo después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.

La decisión fue celebrada por los colectivos de la diversidad sexual, que llevan semanas urgiendo la tramitación parlamentaria, aunque denunciaron que durante la discusión se quedó atrás la derogación de diversos artículos “transfóbicos”.

“Pese a ello, en términos generales podemos decir que estamos satisfechos porque el texto reconoce el matrimonio y todo tipo de filiación y esas son muy buenas noticias. Esperamos su rápida tramitación”, afirmó Isabel Amor, directora de la Fundación Iguales, una de las plataformas más activas del país.

El proyecto de ley se presentó en 2017 gracias al impulso de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) y estuvo estancado durante casi cuatro años.

El pasado julio, en un giro sorpresivo, el actual presidente, el derechista Sebastián Piñera, dijo que había “llegado el tiempo” de aprobar la iniciativa e instruyó al Parlamento que lo debatiera con urgencia.

En los últimos meses, la norma se ha revisado favorablemente en ambas cámaras aunque ahora deberá volverse a votar tanto en el pleno de la Cámara de los Diputados y como en el Senado.

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