Las cinco batallas que afronta el presidente Jair Bolsonaro en Brasil

Miles de estudiantes han sido convocados a salir hoy a las calles de Brasil para protestar contra los recortes del Gobierno Brasileño en el ámbito educativo. No es la primera vez que lo harán. Hace exactamente dos semanas, el jueves 16, las calles en 27 capitales regionales se agitaron con las manifestaciones contra la decisión del régimen de Jair Bolsonaro de congelar el 30% del gasto en las universidades.

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El ministro de Educación, Abraham Weintraub, ha justificado esta medida en la difícil situación económica que atraviesa el país y achacó su necesidad “a la crisis dejada por los gobiernos anteriores”.

En una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Weintraub señaló que la recaudación fiscal ha caído en el primer trimestre de este año, lo que ha obligado al Ministerio de Economía a reducir o congelar el gasto “en todos los ministerios”.

Si bien el titular de Educación ha tratado de ser conciliador, no lo fue el presidente Bolsonaro, quien en medio de una visita privada a EE.UU. soltó que muchos de los estudiantes que salieron a protestar hace 14 días son “unos idiotas útiles que ni saben la fórmula química del agua”.

El área de educación es uno de los mayores escenarios de lucha en estos primeros cinco meses de gobierno del mandatario ultraderechista, empeñado en acabar con lo que califica de “marxismo cultural”, que -según él- campea en todos los centros de educación superior.

Hace mes y medio, Bolsonaro tuvo que destituir a su ministro inicial en esa cartera, Ricardo Vélez, que estuvo inmerso en disputas internas entre las diversas tendencias de derecha presentes en el gobierno y que se hizo tristemente célebre por frases polémicas en las que, por ejemplo, añoraba el golpe militar de 1964, decía que los brasileños se comportaban como caníbales en el exterior o destacaba algunas acciones del extinto narco colombiano Pablo Escobar.

Su reemplazante Weintraub es un economista liberal con mucha experiencia en el área financiera, pero escasa en el ámbito educativo, y que también ha lanzado frases controvertidas: “Las ciencias sociales generan poca producción con impacto científico, a diferencia de las ciencias de la salud, exactas, ingeniería o agricultura, que promueven el crecimiento económico y el empleo que precisa el país”. Las facultades de humanidades han puesto, pues, el grito en el cielo.

Pero el de educación no es el único terreno de lucha en que se mueve el Gobierno Brasileño. Hay otros cuatro que no pueden ser soslayados:

-Caos y violencia mortal en penales-

Entre el domingo y el lunes últimos han muerto 56 presos en cuatro cárceles del norte del país, la mayoría estrangulados o apuñalados. Es el último brote de violencia en un sistema penitenciario superpoblado e infestado de pandillas.

Las muertes han renovado los pedidos para construir nuevos y mejores penales, y el descontento plantea un nuevo desafío al gobierno de Bolsonaro, que apenas asumió el cargo prometió limpiar las cárceles dentro de una campaña más amplia contra la delincuencia.

El sistema penitenciario del país alberga a unas 726.000 personas, aproximadamente el doble de su capacidad oficial de 368.000. No es raro que muchos reos pasen varios días y duerman en patrulleros mientras esperan que se libere espacio.

Los expertos en seguridad pública señalan que hasta que Brasil no construya nuevos centros penitenciarios e invierta en los que ya hay, tendrá problemas para controlar a sus reos, muchos de los cuales dependen de pandillas carcelarias para conseguir comida, dinero o simplemente sobrevivir. La privatización de las prisiones no ha dado, por ahora, los frutos esperados.

A todo ello, el ministro de Justicia, Sergio Moro, ha dicho sobre la última masacre “que es algo que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, aunque no debería”. Una respuesta que, aparentemente, solo deja tiempo para esperar la próxima masacre.

-Armas para los ciudadanos-

Tras asumir la presidencia, Bolsonaro hizo honor a una de sus promesas de campaña y flexibilizó por decreto la tenencia de armas de fuego, eximiendo a los brasileños de tener que justificar la “efectiva necesidad” de tener un arma en casa. Eso suponía el permiso para adquirir armas a los mayores de 25 años sin antecedentes penales y que demostrasen aptitud técnica y psicológica para manipularlas.

A fines del 2018, unos 36.000 civiles poseían un arma reglamentaria en Brasil, y su obtención requería de largas tramitaciones. Esto último, si bien no drásticamente, ha cambiado; y ello redundaría en que también se modifique la cifra de civiles armados.

El 7 de mayo, el Ejecutivo autorizó el porte de armas en la vía pública a determinadas categorías de civiles (políticos, camioneros, cazadores y los que practican el tiro deportivo, entre otros).

Pero solo pasaron 15 días para que el jefe de Estado rectificar algunos puntos de su decreto, tras críticas de numerosas instituciones y constatarse una brecha que facilitaba a civiles la adquisición de fusiles. Tras esta rectificación, solo los propietarios rurales podrán adquirir estas armas largas y mantenerlas en sus viviendas.

No todos están satisfechos con esta medida. Los gobernadores de 14 de los 27 estados brasileños, incluyendo varios con índice alarmantes de violencia, publicaron una carta contra el decreto, diciendo que “no contribuirá para que los estados sean más seguros sino que aumentará la cantidad de armas y municiones que abastecerán a delincuentes”.

Es también atendible el informe divulgado anteayer por Amnistía Internacional (AI) en el que muestra su preocupación por la liberalización de la tenencia y el porte de armas, que “pueden contribuir al aumento del número de homicidios” en un país que en el 2017 registró casi 64.000 asesinatos, es decir, casi 31 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica.

-Los bosques amazónicos y el calentamiento global-

Desde que asumió el poder el 1 de enero, el gobierno de Bolsonaro ha trabajado por debilitar los controles ambientales para facilitar las actividades agrícolas y mineras. Según los ecologistas, ello amenaza la selva tropical amazónica, considerada por científicos como la mejor defensa de la naturaleza contra el cambio climático, debido a que los árboles absorben ingentes cantidades de gases de efecto invernadero.

Pero lo cierto es que la mayoría de integrantes del Ejecutivo pone en duda el calentamiento global del planeta. Hace dos días nomás, el canciller Ernesto Araújo volvió a arremeter contra su presunto impacto, señalando que “la teoría del calentamiento global puede ser usada para construir una imagen negativa de la agricultura de nuestro país”.

El ministro de RR.EE. ha reconocido que “existen diferentes opiniones” sobre este aspecto, pero resalta que hay “una tendencia global a ir en un sentido de un cierto alarmismo y la consiguiente manipulación”.

Finalmente, Araújo admite que “nadie discute ni puede discutir que ha habido una oscilación” de la temperatura del planeta en las últimas décadas, pero también que “hay una demonización de esa minoría de científicos que dice que las emisiones de gases contaminantes no son la causa principal y que ese aumento tampoco es tan dramático.

En cualquier caso, no ha sido una buena noticia para el equipo de Bolsonaro que el martes último el Congreso derrotara un intento por debilitar las leyes que protegen los bosques amazónicos, al negarse a votar un decreto impulsado por Bolsonaro que contaba con el apoyo de grandes compañías agrícolas.

Según los críticos del decreto, este era una amnistía para los terratenientes que han deforestado colectivamente unas 5 millones de hectáreas en los últimos años, un área poco más pequeña que Costa Rica.

-Las pugnas con el Congreso-

No se trata solamente de esta diferencia sobre el cambio climático la que ha enfrentado al Ejecutivo y al Parlamento, donde el partido del presidente apenas cuenta con el 10% de los escaños. Hay otros enfrentamientos, el último de los cuales ha sido la votación congresal para retirarle algunas facultades al ministro de Justicia Sergio Moro, ampliamente reconocido por sus campañas anticorrupción.

Bolsonaro buscaba trasladar la agencia de supervisión financiera del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia, pero el Senado aprobó ayer una iniciativa que frenó tal intento.

La malversación financiera ha sido pieza clave de una amplia investigación anticorrupción que ha llevado a la cárcel a muchos políticos y empresarios en años recientes.

Como muestra de que esta pugna también se ha trasladado a las calles, el domingo pasado decenas de miles de brasileños adeptos al jefe de Estado ultraderechista se volcaron a las calles en varias urbes para mostrar su apoyo al gobierno, llevando incluso carteles en defensa de Moro.

Otra pugna que debe ser resuelta es la de la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones propuesta por el Ejecutivo, que pretende endurecer las condiciones para acceder a tal beneficio, y pendiente de aprobación por el Legislativo. Ello se presenta como un hueso duro de roer.

En cualquier caso, el Gobierno Brasileño se apuntó hace 48 horas su primera victoria legislativa de peso luego de que el Senado avalara el decreto que reduce de 29 a 22 los ministerios, en línea con la visión de contención del gasto público y de acotamiento del Estado. Setenta senadores votaron a favor del mismo y solo cuatro se pronunciaron en contra.