El juicio contra el expresidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, comenzó este jueves en Bogotá, un caso que se remonta 13 años.
En este juicio, en el que por primera vez un expresidente de Colombia responde penalmente, la jueza Sandra Liliana Heredia tendrá que decidir si la Fiscalía tiene razón en la acusación contra el exmandatario o si, por el contrario, como alega la defensa, Uribe no es culpable de esos cargos.
La larga querella se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
“Mi profunda convicción es que luego de este largo camino va a triunfar la verdad que está de nuestro lado”, dijo este jueves Cepeda, quien recalcó que a lo largo de su vida ha respetado a los jueces porque son ellos quienes imparten justicia en la sociedad.
El juicio comenzó luego de que el martes pasado, el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
La defensa de Uribe pidió que esas interceptaciones no se tomen en cuenta, iniciativa que no prosperó y por eso pidió aplazar el inicio del juicio, algo que tampoco logró.
Para la jueza Heredia, ya van más de cinco años sin que se defina la situación jurídica de Uribe, caso que a ella le llegó el pasado 9 de abril.
“Vamos a instalar hoy el juicio oral con la manifestación del señor procesado de si acepta o no cargos”, dijo Heredia este jueves.
El expresidente, que participa en la audiencia de manera virtual, rechazó hoy la posibilidad de declararse culpable y lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y que la acusación carece de pruebas.
“No tiene riesgos de que me vaya a declarar culpable, señora juez”, respondió el expresidente a la jueza.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que se negó tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este año la Fiscalía decidió acusarlo.
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