Colombia: combates entre disidentes de las FARC y el ejército confinan a 500 personas

Cali. Al menos 500 personas están confinadas y otro número indeterminado de familias han tenido que desplazarse por combates entre disidentes de la exguerrilla FARC y el ejército, en una convulsa zona cocalera en el suroeste de Colombia, informó la ONU.

Los civiles, mayoritariamente indígenas y campesinos, están atrapados en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, donde se iniciaron los enfrentamientos el 13 de agosto, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) a través de un comunicado.

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"Los habitantes de estas comunidades se alojaron en la caseta comunal de la vereda Bellavista como medida de protección para resguardarse de las hostilidades y el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado", agregó.

Al lugar llegaron otras 110 familias desplazadas, pero todavía no hay un censo que permita establecer el total de personas afectadas, precisó el organismo.

Los civiles han recibido ayuda humanitaria de parte de las autoridades municipales, señaló OCHA.

Los combates entre disidentes de las FARC y el ejército impidieron que una misión conformada por la alcaldía de Suárez, la Defensoría del Pueblo (ombudsman), la Personería (derechos humanos) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) ingresaran a la zona para verificar los hechos.

El 16 de agosto, la misión se dirigió a la localidad, pero quedaron en medio de fuego cruzado y no pudieron continuar, explicó el organismo.

Teatro de guerra del sangriento conflicto armado colombiano, el departamento del Cauca tiene una posición estratégica para la salida de cocaína a Estados Unidos a través del Pacífico y la siembra de narcocultivos.

Tras el desarme y transformación en el partido de las FARC en el  2017, rebeldes del ELN, disidentes de la otra guerrilla comunista y narcos -incluidos emisarios de carteles mexicanos- se disputan el territorio.

Esos grupos son señalados por la fiscalía de estar detrás del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Un total de 462 han muerto desde el 1 de enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo. La mayoría de los homicidios se registran en el Cauca.