Colombia expropiará bienes no declarados por las FARC tras acuerdo de paz

El Gobierno de Colombia aseguró el jueves que los bienes de las FARC que no figuren en el listado que entregó esa guerrilla para reparar a las víctimas serán objeto de extinción de dominio y quienes los hayan "escondido" perderán los beneficios de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

"Los bienes que no hayan sido inventariados y que llegasen a descubrirse implicarán obligatoriamente una sanción y una remisión a la Justicia ordinaria de los integrantes de las FARC que estén en esa situación", dijo el ministro de Justicia, Enrique Gil.

Al informar sobre la expedición del Decreto 1407 del 24 de agosto de 2017 por el cual se creó la Comisión Intersectorial de Recepción y Verificación de Bienes de las FARC, Gil precisó que "cualquier bien que no haya sido relacionado coloca una situación de ilicitud o de irregularidad por estar frente a una típica acción de extinción de dominio".

En dicho caso, explicó, la extinción de dominio "sería iniciada por la Fiscalía General de la Nación sobre los bienes que no hayan sido declarados, si es que existen, por ejemplo, cuentas en el exterior, como se ha dicho, o un bien de cualquier naturaleza que no haya sido relacionado".

A su turno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, detalló que el decreto expedido este jueves reitera que "el único destino de los bienes será la reparación de las víctimas y aclara que no se utilizarán para la reincorporación de las FARC".

La Comisión Intersectorial de Recepción y Verificación de Bienes de las FARC busca hacer una articulación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en lo que concierne a la identificación y precisión de los bienes inmuebles de la guerrilla.

"En lo que atañe a los bienes muebles, como miles de cabezas de ganado, igualmente cantidad de dinero en efectivo y cantidad de oro y otros bienes muebles, se va a buscar precisamente, a través de este decreto, que la Comisión agilice la entrega o la tradición de esos bienes rápidamente a la SAE", señaló el ministro Gil.

El pasado 15 de agosto la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno nacional un listado de 135 folios con bienes y activos que dicen tener las FARC y que, según el acuerdo de paz, serán utilizados para reparar a las víctimas.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es la encargada de juzgar los crímenes que se cometieron en el conflicto armado en el país.

Las sanciones contempladas en la JEP son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad, y las ordinarias, de 15 a 20 años de cárcel, las recibirán quienes no admitan los hechos y sean condenados por el Tribunal para la Paz.

Fuente: EFE