La relación del presidente colombiano, Gustavo Petro, con los demás poderes del Estado se tensó aún más con su insistencia en publicar esta semana el decreto que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, lo que según sus críticos, incluidos algunos de sus exministros, viola la Constitución.
El presidente ratificó así su decisión de convocar la consulta popular por decreto si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio sobre ese tema, aunque la cámara alta ya rechazó la convocatoria el pasado 14 de mayo en una votación que Petro tachó de fraudulenta.
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Sin embargo, los críticos de esa decisión consideran que el mandatario está dando pasos hacia una ruptura institucional y advirtieron del peligro que supone para la democracia colombiana que el Poder Ejecutivo desconozca una decisión del Legislativo y actúe por su cuenta.
Entre las figuras políticas que rechazan la decisión de Petro hay dos que hasta principios de este año eran parte del Gobierno: los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes.
“Pasar la consulta por decreto se parece a la compra de votos en el Congreso que la Fiscalía le imputa a (el exministro de Hacienda Ricardo) Bonilla. Es romper las reglas por una ‘buena causa’ y justifica que mañana otros las rompan diciendo que hicimos lo mismo. Si nosotros no jugamos limpio, ¿Quién lo va a hacer?”, dijo Reyes en X.
Cristo, por su parte, aseguró en la misma red que “la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado”.
“Se comete una grave equivocación al convocar la consulta. Se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país”, expresó el exministro del Interior, quien defendió que el Gobierno use “los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias”.
Sin embargo, el Pacto Histórico, el partido de Gobierno, defendió la decisión de Petro y la calificó de “legítima, valiente y constitucional”, pues considera que debe ser “el pueblo quien defina el carácter y rumbo de las reformas sociales que han sido sistemáticamente saboteadas por una clase política que impide las transformaciones que requiere el país”.
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Una votación del Senado rechazó el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en esa misma cámara legislativa en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que “hicieron trampa”.
A pesar del rechazo inicial a la reforma laboral y a la consulta popular, el Senado tramita otro proyecto de reforma a las leyes del trabajo que ya pasó en tercer debate en la cámara alta.
El Gobierno defiende que la decisión tomada por el presidente de convocar la consulta popular, pese a no recibir el visto bueno del Senado, se ampara en el artículo 241.3 de la Constitución Política y confía en que la Corte Constitucional apruebe el anunciado decreto de Petro.
Esa idea se basa en el citado artículo, que señala que la Corte Constitucional es la que debe “decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que “si bien el decreto de la convocatoria es un acto administrativo, es parte integral del concepto de la consulta como la solicitud del presidente y sus ministros, las doce preguntas (que contiene la iniciativa), la votación del Senado” y el resto de pasos que conllevan a la votación.
“Todo es parte integral de un proceso. Por lo tanto, el control debe estar en la Corte Constitucional”, añadió el ministro, quien aseguró que “ningún dictador acude a la Corte Constitucional, a la participación ciudadana, al estado social de derecho”.
Por su parte, el exsenador Humberto de la Calle, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 redactó la actual Constitución, considera que el Gobierno está equivocado en su interpretación.
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“El anunciado decreto que convoca una consulta que había sido negada por el Senado, es una clara violación de la Constitución. El Ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde a la justicia. Equivale a un golpe de Estado”, manifestó.
Su postura coincide con la de ocho partidos políticos que en un comunicado catalogaron como “golpe de Estado” la intención de Petro.
“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, manifestaron Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI.
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