:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4SZGI7NXTNHFVGJQJ5FPI34UBI.jpg)
Bogotá (DPA)
El recientemente restituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció hoy que desde su despacho presentará una demanda ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la supuesta persecución de la que han sido objeto él y su gabinete distrital.
Petro, quien regresó la semana pasada a la Alcaldía un mes después de haber sido destituido a solicitud de la Procuraduría (Ministerio Público), dijo que su gobierno es víctima "de una política sistemática de persecución".
"Hemos determinado como gobierno acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya no como individuos, sino como el gobierno de la Bogotá Humana, para poner esta denuncia de acoso sistemático contra un grupo poblacional con identidad política y contra un gobierno con la identidad política de la Bogotá Humana", aseguró el alcalde.
Asimismo, el burgomaestre dijo que el procurador Alejandro Ordóñez "no va a descansar hasta que pueda observar completamente destruido a un dirigente de la izquierda colombiana", como lo es él.
Destituido y repuesto
La Procuraduría, que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, abrió un proceso contra Petro a raíz de los cambios que este hizo en el esquema de recojo de la basura en Bogotá a fines del 2012.
Petro decidió ahorrar costos y no renovó los contratos con empresas privadas dedicadas a esa tarea, por lo que la empresa pública de acueducto se encargó entonces de recoger la basura. El cambio ocasionó la acumulación de desperdicios por tres días mientras el nuevo operador asumía sus funciones.
El Ministerio Público consideró que Petro cometió errores "gravísimos" y ordenó en diciembre pasado su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.
Aunque el burgomaestre logró mantenerse en el cargo por varias semanas mediante amparos judiciales, a los que se sumaron las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente Juan Manuel Santos lo separó del cargo el pasado 19 de marzo.
Santos consideró que la solicitud del organismo interamericano no era vinculante, por lo que Petro, quien perteneció al desmovilizado grupo guerrillero M-19, debía abandonar la Alcaldía.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá reversó la decisión y ordenó al Estado acatar las medidas cautelares pedidas a favor de Petro por la CIDH.
