Colombia sin aval antidrogas de EE.UU.: ¿qué implica y qué responsabilidad recae en Gustavo Petro?

El departamento de Estado indicó el lunes que en Colombia “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.

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“El presidente de Estados Unidos ha determinado que el gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas, pero ha emitido una exención para que la cooperación crítica, incluyendo en antinarcóticos, continúe”, expresó el departamento de Estado.

De la certificación depende parte de la ayuda económica, militar y policial que entrega Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. En el caso de Colombia, este país recibe unos 450 millones de dólares al año. La exención hace que esa ayuda no se corte de manera automática, sino que dependerá de lo que decida finalmente Trump al respecto.

Antes de conocerse el comunicado del departamento de Estado, Petro había anunciando durante un Consejo de Ministros que Estados Unidos descertificará a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, “después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína”.

Petro también dijo que la Casa Blanca lo que busca es tener un presidente títere: “Simplemente, Estados Unidos participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si desea un presidente títere, como aquel que vendió a Panamá, o si quiere una nación libre y soberana”.

En represalia, Colombia anunció el martes que detuvo la compra de armamento a Estados Unidos.

Desde 1986 Estados Unidos certifica los esfuerzos que hacen los países productores para luchar contra el narcotráfico. Este año, además de Colombia, Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela han sido descertificados.

Estados Unidos considera que estos países han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas”.

En concreto, según datos de la ONU, Colombia registra 253.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, uno de sus niveles más altos de producción desde que se comenzó a monitorear el país en 1999.

Para tener una idea de lo que significa esta cifra, vale remarcar que los tres mayores productores de hoja de coca, Colombia, Perú y Bolivia, suman 376.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

El volumen de incautaciones de drogas ha aumentado en Colombia, alcanzando las 848,5 toneladas de cocaína en el 2024, casi el doble del total de 2019. Sin embargo, esa cifra podría significar que más droga que nunca estaría saliendo del país.

En cuanto a la política que ha seguido el presidente Petro, en el 2022 suspendió la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, bajo el argumento de que era costosa, ineficaz y dañaba a comunidades rurales pobres.

Al mismo tiempo, apostó por la sustitución voluntaria de cultivos y por acuerdos con disidencias de las FARC para eliminar plantaciones, aunque su viabilidad es incierta. También ha reforzado operaciones militares y policiales contra grupos armados y narcotraficantes.

Además, desde el año 2015, durante el mandato de Juan Manuel Santos, se suspendieron las aspersiones aéreas de cultivo con glifosato.

Colombia fue descertificada por Estados Unidos en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, algo que nunca fue comprobado.

Héctor Galeano David, investigador asociado del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe, le dijo a El Comercio que Colombia se libró de una descertificación dura, que iba a significar el corte casi de raíz de los recursos que entrega Estados Unidos.

Agregó que la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha dicho que no se van a afectar los recursos para la lucha contra el narcotráfico, que son básicamente económicos y logísticos.

“Sin embargo, conociendo al gobierno Trump es muy claro que habrá repercusiones seguramente en el orden comercial. Quizá Trump apelará a la herramienta que ha venido manejando desde el 20 de enero, que es el aumento de los aranceles. Y muy posiblemente decidirá un recorte de entre el 30-35% de los recursos que ha venido entregando al país”, manifestó.

Por su parte, Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, explicó a El Comercio que la exención otorgada por Estados Unidos significa que hay un reconocimiento a la relación institucional entre los dos países.

“Las fuerzas de seguridad de Colombia y Estados Unidos tienen una estrecha colaboración en temas como la desarticulación del crimen organizado, y eso sigue siendo vigente a pesar de las tensiones en el alto nivel. Entonces, en la práctica, las repercusiones financieras, al menos hoy, son muy mínimas”, remarcó.

“Puede que haya más tensiones en la relación bilateral. Y, obviamente, para Colombia no bueno estar en el mismo nivel que otros países como Birmania o Afganistán. Pero yo creo que eso también se puede superar”, agregó Dickinson.

Las relación entre Petro y Trump es tensa y está marcada por choques en temas migratorios, deportaciones y críticas mutuas.

En ese sentido, Dickinson dijo que es una realidad que el cultivo de hoja de coca ha alcanzado niveles récord en Colombia. Pero agregó que la decisión de Trump también refleja “las tensiones políticas entre Washington y Bogotá en temas tales como migración y geopolíticos, incluyendo el posicionamiento de Gustavo Petro frente al conflicto en Gaza”.

Galeano indicó que, a su juicio, la descertificación es básicamente política. “De hecho, el gobierno Petro ha incautado hasta ahora un 65% más de drogas que lo que hizo el gobierno de Iván Duque”, dijo.

Agregó que el crecimiento de los cultivos de hoja de coca viene desde el gobierno de Santos, siguió en la gestión de Duque, y continuó con Petro.

“Son varias las causas. Sin duda, una de ellas es que el acuerdo de paz permitió que las FARC abandonaran territorios claves para el tráfico de drogas, pero estos no fueron llenados por la institucionalidad, sino que fueron ocupados por otros actores ilegales”, anotó Galeano.

“La segunda causa también está muy relacionada con la implementación de los acuerdos de paz. Hubo muchos obstáculos frente al tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esto va amarrado con el tema de la suspensión de la fumigación, que fue por orden del Poder Judicial debido al daño al medio ambiente y al ser humano”, refirió Galeano.

“Bajo esas premisas, no catalogaría la decisión de Estados Unidos como la respuesta al fracaso de la lucha contra la droga del gobierno Petro, sino fundamentalmente como una decisión política”, manifestó.

Entre el 2000 y 2018, Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.

Dickinson dijo que Colombia tiene un desafío para conseguir que se le devuelva la certificación, aunque remarcó que las estrategias que redujeron las áreas de cultivos en años pasados, como la fumigación aérea, ya no están permitidas legalmente por el Estado.

"El Gobierno está tratando de concertar más sustitución voluntaria de cultivos, pero eso es lento y no habrá resultados inmediatos", dijo.

Galeano consideró que para el gobierno de Petro va a ser muy complejo restablecer la normalidad en las relaciones políticas con Estados Unidos. “Creo que va a ser una labor del próximo gobierno. Y creo que seguramente esa ‘normalización’ se va a producir cuando Trump salga de la Casa Blanca”.

El analista aseguró que no tiene dudas de que este tema será la punta de lanza de la derecha en la campaña para ganar las elecciones presidenciales del 2026.

“El impacto que tenga en la sociedad como tal, creo que va a ser mucho menor del que se dio con la descertificación anterior en el gobierno de Ernesto Samper. La sociedad colombiana de alguna manera se ha ido concientizando en que debe haber una corresponsabilidad entre el productor y el mayor consumidor, en este caso Estados Unidos”, precisó Galeano.