La compañía Sanitas consideró este miércoles que hubo una “falsa motivación” del Gobierno de Colombia al intervenir esa entidad prestadora de salud (EPS), propiedad del grupo de origen español Keralty, y dijo que esa decisión puede estar encaminada a una posible expropiación.
El representante legal de Keralty, Juan Pablo Currea, pidió a la procuradora general, Margarita Cabello, un espacio para manifestar las “anomalías” que consideran que hubo en la intervención ordenada el martes, pues creen que “presenta una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de las EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”.
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Currea argumentó que “la actuación del ente de control (la Superintendencia de Salud) ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”.
“Solicitamos (que) se inicien por parte de su entidad las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y las demás actuaciones encaminadas a evitar la afectación del derecho fundamental a la salud” de los cerca de seis millones de afiliados a Sanitas, agregó Currea en la misiva enviada a Cabello.
La intervención, por un periodo de un año, fue anunciada por la Superintendencia de Salud alegando supuesta insolvencia de Sanitas, basada “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores”, pues sus deudas hasta diciembre sumaban más de dos billones de pesos (unos 524 millones de dólares de hoy).
“El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos”, manifestó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X, en la que añadió que ese sector arrastra desde hace años problemas financieros por supuestos malos manejos.
Sin embargo, la intervención en Sanitas “para tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos”, fue criticada por diversos sectores que consideran que se trata de una revancha del Gobierno contra empresas privadas por el hundimiento en el Congreso de su controvertida reforma de la salud, que se consumó esta tarde.
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La procuradora Cabello confirmó este martes que recibió la solicitud de Sanitas para ejercer “vigilancia frente al proceso que viene de intervención forzada a esa empresa de salud”.
“Además (la compañía) nos presentó una queja disciplinaria contra el superintendente de salud (Luis Carlos Leal), en virtud de considerar que la manera cómo se hizo la solicitud de intervención no fue la adecuada o conforme a la ley”, añadió la funcionaria.
Por eso, explicó que el Ministerio Público vigilará “de manera preventiva que las causales utilizadas para emitir el acto administrativo de intervención forzosa a la EPS Sanitas son soportadas bajo los principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad”.
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