Según explicó el regulador sanitario brasileño, la vacuna en voluntarios brasileños del ensayo de Covaxin no llegó a aplicarse. (Arun SANKAR / AFP)
Según explicó el regulador sanitario brasileño, la vacuna en voluntarios brasileños del ensayo de Covaxin no llegó a aplicarse. (Arun SANKAR / AFP)
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El regulador sanitario , Anvisa, suspendió temporalmente los ensayos clínicos de la vacuna india contra el (Covaxin), después que el laboratorio Bharat Biotech rompiera el acuerdo con su representante en Brasil, Precisa Medicamentos.

Precisa Medicamentos es la empresa que actuaba como intermediaria en un contrato de compra de Covaxin por parte del Ministerio de Salud brasileño que no fue llevado a cabo y que está siendo investigado en una comisión parlamentaria tras denuncias sobre un intento de sobreprecio.

En su decisión, comunicada el viernes por la noche, Anvisa asegura que el rompimiento del contrato entre el laboratorio indio y su representante en Brasil “hace inviable la realización del estudio” en el país sudamericano.

“La aplicación de la vacuna en voluntarios brasileños no llegó a realizarse”, asegura el regulador sanitario en un breve comunicado.

Poco antes, el laboratorio indio había anunciado en un comunicado el rompimiento del contrato con Precisa Medicamentos “con efecto inmediato” y dijo que seguiría trabajando con el regulador brasileño “para completar el proceso de aprobación de Covaxin.

Bharat Biotech agregó que “no recibió ningún pago anticipado ni suministró ninguna vacuna al Ministerio de Salud” brasileño.

La comisión parlamentaria instaurada para determinar presuntas omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia está investigando el contrato de Covaxin, después de que un funcionario del Ministerio de Salud declarara que en marzo había advertido personalmente al mandatario sobre varias irregularidades en el contrato de Covaxin, entre ellas un precio mucho más elevado que el resto de inmunizantes adquiridos por Brasil.

Bolsonaro aparentemente no comunicó esas alegaciones a la policía. Esta sospecha de omisión motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General para determinar si el mandatario cometió un delito de “prevaricación”.

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