Redacción EC

El Comercio

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La Paz. [EFE]. Los intentos por calmar el clima de tensión política y social en no evitaron que este viernes hubiera nuevas protestas en el país, donde el conflicto parece enconado entre grupos irreconciliables.

La Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones convocantes de las movilizaciones, anunció una tregua hasta el 18 de octubre, fecha de las elecciones fijada por el órgano electoral.

Las protestas comenzaron hace doce días tras anunciar el órgano electoral que los comicios se retrasaban nuevamente, del 6 de septiembre al 18 de octubre, después de haberlas pospuesto de la fecha inicial del 3 de mayo por la pandemia de la COVID-19.

El anuncio de la COB se produjo un día después de que Parlamento y Gobierno interino del país aprobaran una ley que dice que el 18 de octubre es la fecha “hasta” la que pueden celebrarse, dando margen para adelantarla en un intento de pacificar el país.

Pero las protestas ya no son solo por el retraso en los comicios, pues en los últimos días crecieron los reclamos para que renuncie la presidenta interina del país, Jeanine Áñez.

“Pese a las diferencias, con la promulgación de la Ley de Elecciones quedó muy claro que los bolivianos preferimos la democracia a la dictadura, el trabajo a los bloqueos, y la paz al enfrentamiento”, escribió Áñez en Twitter.

Movilizaciones de punta a punta del país

Pero ni su mensaje ni el de la COB para dar una pausa a las protestas parecieron llegar a muchos sectores, que continuaron movilizándose.

Los llamados “autoconvocados” de la ciudad de El Alto adquirieron forma de una especie de Policía aimara, una de las principales comunidades indígenas del país, en respuesta a otros grupos que supuestamente apoyan a la mandataria transitoria.

El símbolo de una chakana o cruz andina en un escudo de hierro forjado distingue a un grupo de alteños, que formados hacen ejercicios al estilo policial, al grito de “qué renuncie, carajo” la presidenta transitoria.

“Estamos dispuestos a dar la vida por nuestro pueblo”, dijo a Efe un dirigente que prefirió no dar su nombre, con la bandera indígena Wiphala en su tapabocas.

Esa cruz andina roja estampada en escudos improvisados se contrapone a grupos como la Resistencia Juvenil Cochala, de la ciudad boliviana de Cochabamba, a la que señaló de ser “paramilitar” y dependiente del Gobierno interino.

Ya no queremos las elecciones, estamos buscando la renuncia de este Gobierno y sus ministros”, dijo a Efe otro manifestante.

En el otro extremo del país, una caravana convocada por organizaciones cívicas de Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, salió a desbloquear carreteras “pacíficamente”, tras una concentración con algunos jóvenes formando con ropas de estilo militar.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció que algunas provincias “están pasando hambre” por los bloqueos, algo que calificó de “inhumano” por ocasionar falta de alimentos y de medicinas.

Calvo acusó al Gobierno interino de Bolivia de haber cedido para celebrar unas elecciones “obligadas”, en plena pandemia de la COVID-19, a cambio de que cesen las protestas.

En medio de unos y otros, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, al que el Gobierno interino acusa de estar tras las protestas y al que denunció ante la Fiscalía por delitos como genocidio, lamentó “el terror y la violencia de grupos paraestatales y fascistas ante la pasividad estatal”.

Ataque a una sede sindical

Esta denuncia choca con lo que asegura el Ejecutivo transitorio, que militares y policías no levantaron los bloqueos para evitar violencia.

La bancada de diputados del MAS, que tiene mayoría parlamentaria, condenó “el atentado terrorista” contra una sede de la COB en La Paz, donde la noche antes hubo explosiones que causaron algunos daños materiales y por las que fueron detenidas seis personas, a las que la Policía incautó dinamita.

El país se encamina en este clima a unos comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores que están pendientes desde las fallidas elecciones de octubre pasado, anuladas entre denuncias de fraude, aún bajo investigación judicial, a favor de entonces presidente Evo Morales, que había sido dado como ganador para un cuarto mandato seguido.

Morales renunció denunciando que era forzado por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otros, para negarle su nueva victoria electoral y derrocarlo tras casi once años en el poder.

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