La crisis de los niños huérfanos en México

Una tarde a principios de marzo, Ardelia Martínez recibió un mensaje urgente: su nieta Ilse Michelle había sido encontrada después de seis años que desapareció de un albergue en Ciudad de México.

Desde 2005 la chica, que ahora tiene 15 años, fue enviada por orden de un juez a la casa hogar Casitas del Sur, un sitio donde la procuraduría (fiscalía) General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solía albergar a los menores que eran víctimas de violencia.

Pero las autoridades de la capital mexicana no se preocuparon por el destino de Ilse, ni de otros 26 menores que como ella desaparecieron del lugar.

De hecho se enteraron del problema cuando en 2008 Ardelia Martínez consiguió la custodia legal de su nieta, y al buscarla en el albergue descubrió que ya no estaba, y ninguna persona sabía el destino de la adolescente.

Ahora que México vive la conmoción por el rescate de casi 500 niños del orfanato La Gran Familia en Zamora, Michoacán, muchos recuerdan la historia de Casitas del Sur y otras similares que han ocurrido en los últimos años.

Y es que, según especialistas, México tiene un serio problema para atender debidamente a los niños huérfanos, abandonados o víctimas de la violencia.

El conflicto llega a tal nivel que no se conoce el número exacto de menores en albergues, ni cuántos de ellos son víctimas de abusos por parte de quienes dicen cuidarlos.

"Hay falta de seguimiento de estos casos, las autoridades dicen: te los entrego y ahí se quedan, a la buena de Dios y a ver quién o como los cuida", le dice a BBC Mundo Javier Sánchez Ramírez, de la organización civil Infancia Común.

"Eso da pie a que aparezcan abusos y violaciones a derechos humanos de los niños", añade, como se descubrió en Michoacán.

MALTRATO
El fundador de Casitas de Sur y algunos de sus colaboradores cercanos fueron detenidos, pero todavía no ha sido posible encontrar a once menores que desaparecieron casi al mismo tiempo que Ilse Michelle.

Pero no es éste el único caso. En los últimos años han sido frecuentes las denuncias contra casas hogar por el maltrato que aplican contra los menores.

Hasta ahora son pocas las quejas atendidas, e incluso en algunos casos como Casitas del Sur o La Gran Familia de Zamora, Michoacán, pueden transcurrir varios años antes que las autoridades se decidan a actuar.

En el fondo lo que existe es una falta de regulación de las autoridades hacia los albergues a donde entrega a los niños víctimas de violencia, insiste el especialista.

"Los niños tal cual son depositados sin atender o supervisar que sus derechos o necesidad de desarrollo sea el mejor", añade.

En eso coincide el diputado local Efraín Morales López, coautor de una iniciativa de ley sobre cuidados alternativos para menores de edad en la capital del país.

"Existen miles de niños privados de cuidados familiares, viviendo en instituciones con escasa o nula supervisión", advierte. "Actualmente no se cuenta con estadísticas de la cantidad de albergues en funcionamiento ni de la población que en ellos habitan".

NÚMEROS
Según el Censo Nacional de Población, elaborado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el país hay unas 25.000 personas que viven en albergues, aunque muchas forman parte del equipo que colabora en esos lugares.

Pero los datos de internacionales son distintos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que hay por lo menos 1,6 millones de huérfanos en el país, el segundo lugar en América Latina después de Brasil.

Unos 50.000 de estos menores perdieron a sus padres debido a la violencia de la guerra contra el narcotráfico, según datos de la organización Ririki.

Además, no se conoce el número exacto de albergues o casas hogar para estos niños, e incluso la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para crear un censo de estas instituciones en el país. El conteo no se ha realizado.

Más allá de los números el problema es la ausencia de protocolos adecuados para atender a los menores abandonados o huérfanos, reconoció la diputada Carmen Lucía Pérez.

Los recursos públicos para ayudar los refugios son escasos por lo que la mayoría viven de la caridad.

En este contexto son claras las ausencias de la autoridad hacia los niños huérfanos o abandonados, indica Sánchez Ramírez. "Pareciera que el Estado busca deshacerse de ellos".