Cristina, ante juez por supuestos sobornos y lavado de dinero

La ex presidenta argentina Cristina Fernández se presentó el martes ante la justicia en su tercera declaración indagatoria desde que dejó el poder, acusada de haber recibido sobornos de empresarios y lavado de dinero, entre otros delitos.

Cristina tras declarar sobre lavado: "Esto es una persecución"

Fernández presentó un escrito de defensa ante el juez federal Claudio Bonadío quien investiga si la ex mandataria (2007-2015) formó parte junto a familiares de una organización que recibía retornos de empresarios allegados a los que supuestamente beneficiaba con obras públicas y explotación de áreas petroleras, entre otros negocios.

Mientras la exdirigente peronista, de 64 años, estaba en la sede de los tribunales federales, varios cientos de seguidores y miembros del opositor Frente para la Victoria se concentraron en las inmediaciones para manifestarle su apoyo. "Cristina no se toca" y "Vuelve Cristina" rezaban algunos de los carteles que portaban los manifestantes, que arremetieron contra su sucesor, el conservador Mauricio Macri.

Ricardo Fernández, técnico informático, dijo a The Associated Press que cuando "ella estaba gestionando yo pude conseguir lo que tengo ahora, mi casa, mi familia...y siento que se lo debo de alma".

Fernández se retiró de la sede judicial sin hacer declaraciones a periodistas, como ha hecho otras veces que ha tenido que rendir cuentas ante la justicia.

La ex mandataria pidió a Bonadío que dicte su sobreseimiento y denunció ser víctima de una "persecución judicial y mediática que no registra antecedentes", según el escrito que presentó al juez y que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Afirmó que este cerco judicial se extiende a sus hijos, el diputado Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner, quienes la víspera se presentaron ante el magistrado, acusados de los mismos delitos.

"Como cualquier persona tengo derecho a ser juzgada por un juez imparcial, circunstancia que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa", se quejó Fernández.

La ex presidenta sostuvo que desde que Macri asumió el poder en diciembre de 2015 las causas en su contra fueron "iniciadas por legisladores opositores a mi gobierno, que luego fueron ampliamente difundidas a través de un aparato de propaganda que solo registra comparaciones con el que tuvieron a su disposición gobiernos totalitarios".

Bonadío quedó en condiciones de resolver en 10 días la situación procesal de Fernández y sus hijos, sospechosos de haber integrado una organización que, según las denuncias de opositores, recibió entre 2003 y 2015 dinero "como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública, licencias de juego y áreas petroleras" que fue introducido en el circuito financiero "procurando brindarle una apariencia de origen lícito".

Esas contraprestaciones o retornos, según las sospechas del juez, se efectuaron mediante el alquiler a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López de inmuebles propiedad de la firma Los Sauces, de la que son dueños la ex presidenta y sus hijos. Esa misma sociedad fue integrada por el antecesor y fallecido marido de Fernández, Néstor Kirchner (2003-2007).

Fernández rechazó que dichos contratos de alquiler sean "calificados como un supuesto lavado de dinero" y sostuvo que son "reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario".

El cerco judicial se estrechó en torno de Fernández desde que dejó el poder. Bonadío la procesó en 2016 por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado.

Ese mismo año al juez federal Julián Ercolini la procesó junto a dos ex funcionarios por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas. Tomó la misma medida contra Báez, al considerar que su compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.

Fuente: AP