Por qué Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita

Buenos Aires. Un juez procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidenta argentina Cristina Kirchner, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque de momento no será detenida por ser senadora y tener fueros.

Según informaron a Efe fuentes del caso, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por "asociación ilícita" contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.

Además, el juez Bonadio le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y ex funcionarios que han declarado como imputados "arrepentidos" -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Cristina Kirchner y su fallecido esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner.

"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho", dijo a Efe el abogado de la ex mandataria Gregorio Dalbón.

El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Kirchner en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está "comulgando con las corporaciones mediáticas" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición".

LOS CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN

Según informó el juez a finales del pasado mes, en bases a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y su esposa fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.

En su resolución, Bonadio sostuvo que entre el 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro... y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos”.

Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios” que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner “designaban para esos menesteres a fin de recibir estos ‘retornos’ o ‘coimas’".

El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

Este material apunta a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Cristina Kirchner, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.

Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno.

Kirchner niega los cargos y ha denunciado una serie de irregularidades en la causa que lleva adelante Bonadio, a quien calificó de “juez enemigo” que actúa en sintonía con el gobierno del conservador Mauricio Macri para perseguir a opositores y ocultar la actual crisis económica.

Bonadio también tiene a su cargo otras causas que comprometen a la ex presidenta: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994.

Además, Cristina Kirchner enfrenta cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.

Fuente: EFE / AP