La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, enjuiciada por presunta corrupción, saluda a los simpatizantes que se manifiestan frente a su residencia en Buenos Aires, el 29 de agosto de 2022. (Foto por Luis ROBAYO / AFP)
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, enjuiciada por presunta corrupción, saluda a los simpatizantes que se manifiestan frente a su residencia en Buenos Aires, el 29 de agosto de 2022. (Foto por Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Agencia EFE

La vicepresidenta de , , solicitó este martes a la Justicia ser admitida como querellante en el caso abierto por el atentado en su contra que sufrió el pasado 1 de septiembre.

En un escrito presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, Kirchner designó como abogados representantes a Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

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Kirchner, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, sufrió un atentado el pasado 1 de septiembre, cuando un hombre, identificado como Fernando Sabag Montiel, se le acercó, le apuntó con un arma y gatilló, sin que saliera el disparo.

El grave incidente se registró a las puertas del apartamento de la vicepresidenta, en el barrio capitalino de Recoleta, cuando Kirchner saludaba a militantes kirchneristas que le mostraban apoyo luego de que un fiscal pidiera que la condenaran a 12 años de prisión en un juicio por presunta corrupción.

En esta foto publicada por la agencia de noticias Télam, un hombre apunta con un arma a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando llega a su residencia en Buenos Aires el 1 de septiembre de 2022.  (Foto por TELAM / AFP)
En esta foto publicada por la agencia de noticias Télam, un hombre apunta con un arma a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando llega a su residencia en Buenos Aires el 1 de septiembre de 2022. (Foto por TELAM / AFP)
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Sabag Montiel permanece detenido, al igual que su pareja, Brenda Elizabeth Uliarte.

Este martes se conoció también la detención de una tercera persona en el marco de esta investigación.

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En el escrito presentado este martes, al que tuvo acceso Efe, la vicepresidenta deja asentado que ejercerá los derechos que le corresponden como “acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación”.

La expresidenta solicitó, además, que se otorgue acceso “urgente” al expediente electrónico a sus abogados.

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