¿Golpe o impulso a su vida política?: 5 claves para entender la condena contra Cristina Kirchner por corrupción

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Kirchner ya esperaba un resultado adverso. Un día antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -el mayor tribunal penal de Argentina- difundiera su veredicto, la política de 71 años daba por hecho que la sentencia en su contra iba a ser confirmada y cuestionó la imparcialidad los jueces de la corte, al tiempo que dijo ser víctima de persecución política.

La decisión judicial ha tenido impacto en la ciudadanía y en la clase política argentina. El presidente liberal Javier Milei no tardó en usar su cuenta de X para pronunciarse sobre el tema: “Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”.

¿De qué se le acusa exactamente a la exmandataria peronista y cuáles son las implicancias de la ratificación de la condena en su contra? Explicamos esas y otras claves de este caso a continuación.

La ratificación de la condena contra Kirchner se enmarca en un caso por irregularidades en obras viales, que en Argentina se conoce como la causa ‘Vialidad’.

Las autoridades investigaron acciones fraudulentas en la adjudicación de 51 obras viales sobre rutas en la provincia sureña de Santa Cruz, entre el 2003 y el 2015, a firmas del empresario de la construcción Lázaro Báez, es decir, durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Santa Cruz es la cuna política del kirchnerismo.

Según la Cámara Federal de Casación Penal, Fernández de Kirchner tuvo un rol clave en el caso al haber direccionado licitaciones de obras públicas en beneficio de Báez, lo que se tradujo en una defraudación al Estado de miles de millones de pesos. Según investigaciones del diario argentino “La Nación”, esas fortunas terminaron, en parte, en los bolsillos de la familia Kirchner a través de una operatoria hotelera e inmobiliaria.

“Una matriz de corrupción destinada a robarle fondos al Estado. Esa es, en esencia, la acusación que afrontó Cristina Fernández de Kirchner, que el Tribunal Oral Federal N°2 consideró probada y que la Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles”, señala el medio.

La exmandataria asegura que como presidenta no pudo haber cometido el delito de administración fraudulenta en obras viales, pues -defiende- estas fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación”.

El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en primera instancia en diciembre de 2022 a la también exvicepresidenta argentina a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Luego de que varios recursos de la fiscalía y de las defensas fueran rechazados, ese fallo fue ratificado este miércoles por un tribunal superior.

El veredicto, cuya lectura fue transmitida en directo, específica que se decidió “condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Si bien ratificó la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas de Lázaro Báez y ocho exfuncionarios del gobierno nacional y provincial, quienes fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel. Báez ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito.

Además de Báez, entre los implicados destacan el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros.

El fallo no tiene un impacto inmediato para Kirchner ya que se espera que la lideresa política apele ante la Corte Suprema de Justicia, que puede tardar años en dar una decisión final. Al menos hasta que eso ocurra, la exmandataria no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos.

“Lo más probable es que ella apele ante la Corte Suprema, lo cual abre un escenario de incertidumbre a largo plazo porque la Corte Suprema suele ser bastante estratégica en los casos que decide analizar y tratar, pero además no tiene plazos, con lo cual una resolución final puede llevar mucho tiempo”, dice a El Comercio Juan Negri, politólogo argentino en la Universidad Torcuato di Tella.

El experto añade que este caso tiene algún tipo de repercusión en el entorno electoral en Argentina, donde en el 2025 se realizarán elecciones legislativas y la confirmación de condena contra Kirchner incluye la imposibilidad de ejercer cargos públicos. “Esto es relevante porque todo parece indicar que la expresidenta tiene intención de competir en las elecciones legislativas del 2025, posiblemente como senadora por la provincia de Buenos Aires”.

Por ello, considera que mientras la apelación no se resuelva, la exmandataria va a poder ser candidata. A menos que salga una ley de ficha limpia, que se debate hace algún tiempo en el país, por la que personas con algún tipo de condena no podrían competir. Sin embargo, no se espera que una medida así se aplique el año que viene.

Si bien no se sabe cuánto podría tardar una decisión de la Corte Suprema. Una resolución desfavorable a Fernández tomada pronto obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo. Según los expertos, ese escenario no es el más probable.

Además, si la condena resultase ratificada también por la Corte, la exmandataria podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria debido a su edad. “Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años. Por eso, si su condena queda firme, puede pedir cumplir la pena en su casa. Si prospera la ley de ficha limpia en el Congreso, con este fallo de Casación no podrá ser candidata”, dice “La Nación”.

Negri cree que la corte va a intentar evitar dar una respuesta hasta que esa decisión no incurra en costos políticos. “Es decir, en los próximos años podría ocurrir que Cristina Fernández encuentre el ocaso de su carrera, incluso por cuestiones biológicas, pero también políticas, y ahí puede ser que la corte decida dar su fallo. Pero mientras haya un proceso electoral como el que se viene, donde ella quiere competir, la corte no se va a pronunciar. Entonces, en términos concretos, no va a pasar nada ahora”, considera.

Kirchner no ha ocultado su interés por mantenerse en la vida política. De hecho, preside desde octubre el Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El analista político argentino Santiago Rodríguez Rey destaca que la exmandataria viene haciendo una serie de movimientos para ser candidata el año que viene y si ella no pudiera postular eso generaría un conflicto en el Partido Justicialista porque haría que el partido se vea disminuido sin su figura principal en las listas.

“Ella está haciendo todo para posicionarse como líder. Ella fue elegida presidenta del partido antes de que salga esta condena. Esto le asegura un espacio de poder. No es un cargo en el Ejecutivo, pero es un cargo en el partido más importante, el que tiene más representantes”, afirma.

Negri opina en la misma línea y cree que la ratificación de su condena no afecta negativamente su vida política, sino al contrario. “Ella tiene intención de tener un peso político en el país. Y eso, de momento, la vuelve a poner en una posición de centralidad, le vuelve a dar importancia. Es decir, en el corto plazo esta ratificación de condena no tiene un impacto en la dinámica política de Argentina ni en la propia carrera política de Fernández de Kirchner. Ella va a poder ser candidata el año que viene. Puede que todo esto al final incluso le convenga”.