Los cultivos de coca ganan terreno como nunca antes en Colombia

Una infausta paradoja ha golpeado a los colombianos en los últimos meses. Al tiempo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC emprendían el último año de negociaciones para alcanzar un ansiado acuerdo de paz (que es hoy una realidad), la hoja de coca –tal vez el insumo que por décadas fue la principal fuente de financiamiento del grupo sedicioso– se consolidaba como nunca antes.

La primera alerta llegó desde Washington el 2 de marzo. El Departamento de Estado de EE.UU., en su informe anual al Congreso sobre “la estrategia internacional del control de narcóticos”, advirtió que el narcotráfico estaba ganando cada vez más terreno en Colombia. Informó que en el 2015 la producción de cocaína había aumentado en ese país un 60% respecto al 2014, con una producción total estimada de 465 toneladas. Ello hizo prever que las cifras del 2016 iban a ser igual o peor de alarmantes.

Días después, el 13 de marzo, llegó la fatal confirmación: 188 mil hectáreas de plantaciones de coca y un promedio de 700 toneladas de cocaína se registraron al cierre del año pasado. El anuncio fue hecho por la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas de la Casa Blanca. Colombia había alcanzado una cifra histórica desde que se realizan este tipo de mediciones. Un número que incluso superó al del 2001, cuando hubo 169 mil hectáreas sembradas. 

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¿Qué pasó? Esa es hoy una de las preguntas más recurrentes. El gobierno de Santos ha dado algunas explicaciones. Por ejemplo, que cuando se conoció, en el 2014, el capítulo sobre las drogas en el acuerdo de paz, muchos campesinos ampliaron sus hectáreas de cultivo de coca creyendo que recibirían beneficios del Estado en los programas de sustitución. También señalaron la expansión de cárteles internacionales y de subversivos disidentes en los territorios rurales abandonados por las FARC.

Expertos coinciden en que un factor importante fue la caída del precio internacional del oro en los últimos años, lo cual llevó a los cultivadores a dejar la minería ilegal y enfocarse en la coca. De igual modo, resaltan la resolución judicial del 2015 que suspendió la fumigación aérea de glifosato en los campos, al considerar que era dañino para la salud.

Para Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, hay una razón adicional. “Hay una hipótesis que dice que las FARC presionaron a los campesinos para que aumentaran sus cultivos de coca, en vista de que podían ser su potencial base electoral”, dice Zuleta a El Comercio. “La lógica detrás es que en la medida que haya más cultivos, el gasto público se incrementará. Las FARC pretenderían capitalizar esa inversión”, añade.

—Zonas abandonadas—
Estados Unidos no ha disimulado su preocupación por este incremento. William Brownfield, secretario adjunto del Departamento de Estado, visitó Bogotá la primera semana de este mes para reunirse con el presidente Santos. 

Previamente, Brownfield advirtió, en una entrevista al diario “El Tiempo”, la posibilidad de que su país, el principal destino de la cocaína colombiana, recorte la ayuda económica en la lucha contra las drogas.

El Gobierno Colombiano se ha planteado este año la meta de sustituir 50 mil hectáreas de coca con otros cultivos y la erradicación forzosa de 50 mil más. Para ello, desde el 27 de enero inició su plan de sustitución conforme al acuerdo de paz.

Según voceros del régimen, la implementación del plan ha permitido hasta ahora cerrar compromisos con más de 50 mil familias de cultivadores, donde hay unas 38 mil hectáreas. Pero, sobre todo, destacan que han podido llegar a lugares donde antes, en el período del conflicto interno, apenas tenía presencia el Estado.

Sucede que ahora el gobierno, a diferencia de años anteriores, tiene a las FARC del lado de la erradicación y ya no protegiendo los cultivos. Los departamentos donde más se han expandido las plantaciones de hoja de coca son Nariño, Putumayo [frontera con Perú y Ecuador], Norte de Santander [frontera con Venezuela] y Cauca.

El auge de estos sembríos, sin embargo, solo es la punta del iceberg de un problema más profundo. “Si uno mira las zonas donde están los cultivos, estas se caracterizan por tener altas necesidades básicas insatisfechas, así como altos niveles de pobreza y una baja conectividad con el Estado. Entonces, la pregunta es: ¿Qué hacemos con esas comunidades? ¿Llegar con desarrollo o con medios represivos? Yo escojo la primera”, afirma Zuleta.

Existe otro componente por tener en cuenta: al gobierno de Santos le quedan menos de año y medio de gestión y está la duda de si la siguiente administración continuará la misma política de erradicación. Por lo pronto, Colombia deberá enfrentar este nuevo reto, pero ahora en una etapa de posconflicto. Y así no volver a caer en esa suerte de pesadilla de Monterroso: cuando despertaron, la coca seguía ahí.

—Los sembríos en el Perú: Un deshonroso segundo lugar—
Hubo un tiempo en que el Perú ocupaba el primer lugar en los informes sobre producción de coca en el mundo. La última vez ocurrió hace cuatro años. Hoy tiene un inamovible segundo lugar detrás de Colombia.

El estudio más reciente que se tiene al respecto de las Naciones Unidas señala que nuestro país registró en el 2015 un promedio de 40.300 hectáreas de cultivos de coca (según Washington son 53.000). Con un 45%, el Vraem es el lugar donde más se concentran estas plantaciones.

Sin embargo, esta cifra puede ser mayor. Carmen Masías, jefa de Devida, señaló la semana pasada que las plantaciones en ese año habrían alcanzado las 55 mil hectáreas

Según el experto Jaime García, ello se debe a que la metodología que utilizó la ONU no logró reflejar el área real de la hoja de coca. “Solo contabilizaron cultivos que tenían más de un año. No se consideró, por ejemplo, la resiembra que se da luego de la erradicación”, puntualizó.