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Del retorno de bases militares de EE.UU. a un proceso para cambiar la Constitución: qué se vota en el referéndum clave para Noboa
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Este domingo Ecuador realizará un referéndum en el que la ciudadanía decidirá si admite el establecimiento de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, último legado que conserva el correísmo de su época en el poder. También se votará la eliminación de la prohibición al establecimiento de bases militares extranjeras, la supresión de la obligación estatal de financiar a las agrupaciones políticas y la disminución del número de asambleístas junto a una reforma electoral.
El procedimiento jurídico, que se centra en cuatro preguntas, se llevará a cabo en medio de un clima de polarización en el país y es una prueba de fuego para el presidente derechista Daniel Noboa, quien está haciendo campaña activa a favor del “Sí” y defiende que la consulta es un paso necesario para dejar el pasado correísta atrás.
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Uno de los últimos sondeos de aprobación que la encuestadora Cedatos realizó a fines de setiembre indicaba que un 51,6% de los ecuatorianos tenía una opinión favorable del mandatario, mientras que el 42% desaprobaba su gestión.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha indicado que, al cierre de su registro, casi 14 millones de ecuatorianos estaban habilitados para votar. El voto es obligatorio para toda la ciudadanía presente en el padrón, con excepción de los residentes en el extranjero, los menores de 18 años y los mayores de 65 años.

El foco en la seguridad
Al contexto de división política en Ecuador se añade una fuerte crisis de crimen y violencia que ha llegado a niveles históricos en la actual década. Según Human Rights Watch, entre 2019 y 2024 los homicidios tuvieron un incremento del 430% y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reportó que durante el primer semestre de este año se registraron 4.619 muertes por esta causa, lo que supuso un aumento del 47% con respecto al mismo periodo en el año previo.
En opinión de Julio Echevarría, sociólogo y politólogo ecuatoriano, los indicadores de seguridad sugieren que las medidas de Noboa en la materia no tendrían el impacto buscado, aunque “algunos parámetros podrían ser favorables a su gestión”, como las cifras de incautación de narcóticos. “En general la inseguridad no se ha detenido y podría decirse que incluso se ha incrementado en algunos sectores”, comenta el especialista a El Comercio.
Algunas de las medidas implementadas por el presidente ecuatoriano desde su toma de mando han sido las declaratorias de emergencia, la aprobación de normativas más severas contra los delincuentes, la militarización y ampliación de las cárceles y la mejora de armamento para las fuerzas policiales y militares.
Bajo la perspectiva de Echevarría, esa línea discursiva y de acción es uno de los puntos que ha cimentado el apoyo de un sector de la sociedad ecuatoriana hacia el jefe de Estado.
“La aprobación de Noboa seguramente se debe a la línea dura que está demostrando el presidente en el combate al crimen transnacional. Creo que, dentro de la región, Ecuador está liderando lo que se podría considerar una estrategia de combate frontal a las mafias y el crimen organizado. Ese es un elemento que la población aprueba decididamente y la mayoría que podría tener el presidente reflejaría que hay una aceptación de que es una estrategia adecuada”, indica el politólogo.

La consulta en torno a la presencia de unidades militares de otros países está estrechamente relacionada a la seguridad, pues Noboa considera su aprobación como parte importante de su línea de mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico, según comenta a este diario el periodista ecuatoriano César Ricaurte.
“El argumento del gobierno es que con estas reformas va a tener las herramientas adecuadas para avanzar en la lucha contra el crimen organizado y la protección política que este podría gozar”, mencionó.
A pesar de ello, los críticos contra la gestión de Noboa en materia de seguridad ciudadana argumentan que frecuentemente sus medidas han registrado excesos y que las reformas a las que daría lugar el referéndum en este apartado pueden abrir un escenario peligroso.
“Hay una corriente de opinión que está llamando a votar por el ‘No’, pero políticamente, esta expresión es débil. Básicamente son el correísmo y algunos movimientos sociales los que se han inscrito para hacer campaña por el ‘No’. Sin embargo, también hay amplios sectores ciudadanos que señalan que existe un peligro al dotar a un gobierno con rasgos autoritarios de unas herramientas que refuercen ese poder”, apunta Ricaurte.
Las últimas encuestas en torno al permiso para la presencia militar foránea en Ecuador no han demostrado ser concluyentes, pues el estudio realizado por la firma ecuatoriana Clima Social señaló que el 38% de los consultados están a favor del retorno de las bases extranjeras, mientras que el 43% votaría por el “no” a esta pregunta y un 19% no precisaba su decisión. Por su parte, los números de Cedatos indicaron que el 53,4% estaría a favor, el 34,1% en contra y un 12,5% no lo tenía claro.

La actual Constitución, aprobada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, establece que “Ecuador es un territorio de paz” y prohíbe “ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Antes del veto Estados Unidos tuvo un puesto de operaciones en la Base Aérea de Manta, el cual estuvo en funcionamiento desde 1999 hasta 2009.
Desde la década pasada Ecuador se ha convertido en un centro clave de distribución para las redes de tráfico ilícito y dentro de sus fronteras operan mafias mexicanas, colombianas y europeas, como reporta el centro de pensamiento Insight Crime. Su ubicación fronteriza con dos de los grandes productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia, facilita el establecimiento de corredores para la circulación de droga, pero también de otros elementos como armas.
“Es probable que no estemos dimensionando suficientemente la gravedad del tema del narcotráfico y del crimen transnacional. Es un tanto difícil establecer una valoración objetiva sobre el éxito o no de la estrategia de Noboa”, señala al respecto Julio Echevarría.
· Pregunta A. ¿Está de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
· Pregunta B. ¿Está de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
· Pregunta C. ¿Está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?
· Pregunta D. ¿Está de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

¿Nueva Constitución?
La llegada de Noboa a la presidencia se produjo tras derrotar a Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, que desde entonces ha sido el principal bloque de oposición al gobierno. Más allá de su rol actual, el correísmo ha sido un factor condicionante capital en la polarización que vive Ecuador en el contexto previo al referéndum del 16 de noviembre.
“En una sociedad altamente polarizada como la ecuatoriana, que no ha logrado no ha logrado salir de esa dinámica desde la época de Rafael Correa, lamentablemente ese ha sido el clima social y político imperante a lo largo de casi dos décadas”, comenta César Ricaurte.
A pesar de que el correísmo tiene una presencia importante en el Poder Legislativo, las alianzas permitieron al actual presidente ecuatoriano llevar a cabo proyectos como la reforma de la Asamblea Nacional, aunque dicha iniciativa sería posteriormente anulada por la Corte Constitucional, con la que Noboa ha mantenido más grandes desencuentros y a la que ha criticado constantemente.
Fue con la intención de evadir este contrapeso político que el mandatario decidió recurrir a la consulta popular para llevar a cabo su reforma de la Asamblea Nacional. De los dos paquetes de preguntas para someter a voto popular que el Poder Ejecutivo envió a la Corte Constitucional, solo cuatro fueron aprobadas por este último organismo, lo que incluye la relacionada a las modificaciones en el Parlamento ecuatoriano.
Tal cambio involucra una modificación constitucional para reducir el número de parlamentarios de 151 a 73. Si bien el gobierno señala que esto facilitará la toma de decisiones legislativas, los críticos y la oposición señalan que esto podría generar una crisis de representatividad y que en la práctica terminaría de inclinar el equilibrio de poderes estatales hacia el Ejecutivo.

Pese a que las cuatro preguntas que se someterán a votación este domingo definirán de forma marcada si Ecuador toma otra dirección política, la última de estas, que aborda la convocatoria a una Asamblea Constituyente, es la más importante de cara al proyecto político de Noboa. La reforma planteada por el líder de Acción Democrática Nacional supondría dejar atrás la Constitución de Rafael Correa y establecer un nuevo modelo de gestión para su país.
“Un resultado favorable en el referéndum sería un punto a favor muy sólido para el presidente. La aprobación de la convocatoria a una Asamblea Constituyente sería la demostración de que hay un amplio sector de la población, casi el 50% o más, que está en interesado en salir definitivamente de lo que ha significado el correísmo y poner punto final a ese ciclo político”, señala al respecto Julio Echevarría.
Para el especialista ecuatoriano, con el referéndum Noboa “apunta a fortalecer su línea política y también a acumular mayor legitimidad” de cara a una posible reelección.
Dicha opinión es compartida por Ricaurte, quien señala que “el correísmo a estas alturas está bastante debilitado” y no supone una gran amenaza para Noboa. No obstante, el periodista señala que una eventual victoria del jefe de gobierno en la consulta implica riesgos de cara a la estabilidad política de Ecuador porque “abre las puertas a una sucesión de elecciones cada una con una enorme complejidad” a lo que se suma que todavía se desconoce cuál sería el funcionamiento de una eventual Asamblea Constituyente.
De momento, en el apartado relativo al cambio constitucional los sondeos muestran una alta probabilidad de que Noboa obtenga resultados favorables. La encuesta de Cedatos mostró que el 60% de los participantes votaría por el “sí” a la Asamblea Constituyente frente a un 28% que marcaría “no”. Por su parte, el estudio de Clima Social indicó que el 48% de consultados se mostró a favor y el 30% en contra.
El CNE ecuatoriano indicó que hasta el viernes habían sido acreditados 825 observadores para el referéndum.
La OEA anunció el lunes que su misión observacional electoral ya había iniciado operaciones en Ecuador. Dicho equipo es liderado por Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay, y está compuesto por 16 especialistas y observadores provenientes de seis países.










