Agencia EFE

Cientos de mujeres marcharon este lunes en portando fotografías de acusados o sentenciados de violación, de jueces y fiscales, que han liberado a implicados en casos de violencia machista o de feminicidios, para exigir justicia y denunciar la “retardación en la resolución de los procesos”.

La marcha convocada por el colectivo “Mujeres Creando” inició en el Faro Murillo de la ciudad de El Alto y el grupo caminó hasta llegar al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz exigiendo justicia para todas las víctimas de violencia machista y que ya no haya impunidad para los responsables.

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Esta movilización se da previo al , en el que también ya se tienen previstas otras marchas de mujeres, incluso se convocó al presidente Luis Arce a sumarse a las movilizaciones de mujeres afines al Gobierno.

Las decenas de mujeres, entre ellas familias de víctimas de feminicidio, mostraban los cientos de carteles en los que se exponían las caras y los nombres de los victimarios, los jueces y fiscales “corruptos” que liberaron a sentenciados o a investigados por feminicidio.

También mostraban fotografías de sus hijas que murieron por la violencia machista y que hasta ahora su caso no llega a una sentencia y que aún peregrinan por los juzgados.

Las mujeres muestran carteles con retratos e información de acusados o sentenciados de violación, de jueces y fiscales que han liberado a implicados en casos de violencia machista o de feminicidios, para exigir justicia en Bolivia. (EFE/ Martin Alipaz).
Las mujeres muestran carteles con retratos e información de acusados o sentenciados de violación, de jueces y fiscales que han liberado a implicados en casos de violencia machista o de feminicidios, para exigir justicia en Bolivia. (EFE/ Martin Alipaz).

“Estamos hartas de la impunidad de esta justicia patriarcal, machista que no toma en cuenta la vida de las mujeres y ya tiene que hacer un alto”, dijo a Efe Cecilia, una de las activistas que participó de la marcha.

“De camino a casa, quiero ser libre no valiente”, decía otro de los carteles que las mujeres mostraban a su paso y gritaban al unísono “aquí están, estos son los que defienden al violador”.

Para Carla Zeballos, otra de las mujeres que participó en la marcha, las mujeres en el país viven en un Estado de “corrupción”, de “impunidad”, en el que no solamente se sufre la “retardación de la Justicia”, sino también en el que hasta las pruebas se pierden.

De la misma manera Katy dijo a Efe que los hombres que tienen dinero se sienten impunes cuando violan o matan a una mujer porque sobornan a los jueces y fiscales para ser liberados.

“Pedimos justicia por las mujeres que ya no están, por las violaciones, por todo aquel que piensa que tiene derecho a matar, a violar a las mujeres y a comprar jueces y fiscales solo porque tienen dinero”, sostuvo Katy.

Decenas de mujeres llegan a la sede del Tribunal Departamental de Justicia. (EFE/ Martin Alipaz).
Decenas de mujeres llegan a la sede del Tribunal Departamental de Justicia. (EFE/ Martin Alipaz).

ANTECEDENTES

En febrero se registró el polémico caso de Richard Choque Flores, un feminicida liberado a pesar de tener una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto y en cuya casa se encontraron al menos dos cadáveres de mujeres y en otro terreno el cuerpo de un hombre, quien era su familiar.

El hombre tenía una sentencia ejecutoriada en 2013 pero fue liberado en 2019 por el juez Rafael A. bajo el argumento de que el hombre padecía una enfermedad incurable.

Esta situación derivó en la conformación de una comisión gubernamental para que revise e identifique los casos en los que los culpables fueron liberados.

De la misma manera, hace unos días el relator especial de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, en su visita al país para conocer el estado de la justicia expresó su preocupación por la “seria brecha” en el acceso de las mujeres a la Justicia en Bolivia y la impunidad en los casos de feminicidio.

En 2021 se registraron 108 feminicidios en Bolivia, uno de los países más violentos con las mujeres, y una de las constantes quejas de colectivos y familiares de las víctimas es la tardanza en la aplicación de la justicia a los agresores y la corrupción en el sistema judicial.

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