Una ola de indignación sacudió este martes a Ecuador, sobre todo en las redes sociales que se han llenado de mensajes de solidaridad y justicia tras confirmarse que unos cadáveres hallados calcinados correspondían a cuatro niños detenidos el pasado 8 de diciembre por un grupo de soldados.
Varios grupos de derechos humanos reaccionaron de inmediato luego que la Fiscalía confirmara el hecho, un anuncio que se produjo al finalizar una audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares que participaron en la detención de los menores y que fueron acusados del delito de “desaparición forzada”.
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“Expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad con las familias de Saúl, Steven, Ismale y Josué, niños ejecutados luego de ser detenidos de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, el 8 de diciembre de 2024, y en la posterior desaparición por una patrulla de miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador”.
Así encabezó un pronunciamiento de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, en el que aseguró que este caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
“Exigimos que la justicia identifique y sancione a todos los responsables en los hechos”, agregó la Alianza tras indicar que, según ese organismo, no sólo hay responsabilidad de la patrulla militar directamente involucrada, sino de su cadena de mando y de autoridades del Ejecutivo por acción u omisión.
“Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzad y el asesinato de los niños”, agregó la Alianza, que también responsabilizó a ciertos medios de comunicación por difundir mensajes que, aparentemente, pretendían estigmatizar a los menores y a sus familias.
Mientras tanto, en las redes sociales no han cesado los mensajes de conmoción, solidaridad e indignación luego que la Fiscalía confirmara que unos cuerpos calcinados encontrados en la zona de Taura, donde se asienta una base de la Fuerza Aérea, correspondían a los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil.
Políticos, alcaldes, activistas, personas de a pie, grupos políticos, sociales, municipios (como el de Quito), y también la Asamblea Nacional (Parlamento) expresó su pesar por la fatal confirmación.
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El Legislativo incluso ha determinado tres días de luto institucional por los cuatro menores asesinados y exhortó al Gobierno y a la Justicia a ejercer “todo el peso de la ley en este caso”.
De momento, ninguna autoridad del Gobierno ni de las Fuerzas Armadas se ha pronunciado sobre la confirmación del asesinato de los menores.
Más bien, un video con declaraciones de un familiar de los niños -que roza el llanto al relatar que la Fiscalía había confirmado la identidad de los cuerpos- se hizo viral en la red X de Ecuador.
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