La policía de Ecuador informó que los tres cuerpos encontrados la tarde del martes en las inmediaciones de la Base Aérea de Taura fueron llevados al departamento de Medicina Legal de Guayaquil —a unos 40 km de distancia—, casi a la medianoche, hora local.
Ahí deberían ser analizados luego de que equipos de la Fiscalía, el Servicio de Criminalística y la dirección nacional encargada de investigar desapariciones, conocida como Dinased, acudieran hasta el lugar y realizaran el levantamiento de los restos mortales.
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La fiscalía anunció que hará un cotejamiento de huellas y análisis de ADN para establecer si coinciden con los de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil el 8 de diciembre.
Una funcionaria policial no autorizada a ser identificada como condición para poder hablar del caso confirmó a The Associated Press que la policía había hallado varios cuerpos en una zona de manglar, cercana a Taura, donde está la sede militar de la zona costera, aunque no informó sobre el número de cuerpos e indicó que estaban investigando si se trata de los menores.
Dos funcionarios de la fiscalía, que pidieron no ser identificados por no estar autorizados a dar declaraciones, indicaron a la AP que los cadáveres estaban calcinados y con signos de violencia.
Casi en paralelo, el ministro de Defensa ordenó poner bajo custodia a 16 militares por la detención de los menores, en un caso que ha sacudido al gobierno del presidente Daniel Noboa y que la Fiscalía considera que podría tratarse de un caso de desaparición forzada.
El pasado 8 de diciembre, un niño de 11 años, dos de 14 y uno de 15 fueron detenidos en un operativo militar en un barrio popular al sur de Guayaquil y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades aseguraron inicialmente que habría grupos de delincuencia involucrada en la desaparición, pero días más tarde informaron que los menores fueron detenidos por militares y después liberados.
En una audiencia de habeas corpus celebrada en la tarde del martes —cuyo fin es solicitar la liberación de personas detenidas sin garantías legales—, la fiscalía pidió fijar fecha para formular cargos por “desaparición forzada” contra los 16 militares que participaron en el operativo y que prestan servicio en la base cercana a donde se encontraron los cuerpos.
En su fallo oral emitido por la noche, la jueza Tanya Maricela Loor Zambrano dijo que “se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños”, por lo cual dictó medidas cautelares a favor de familias.
La jueza constitucional con sede en Guayaquil ordenó que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y las instituciones de seguridad nacional realicen los actos investigativos pertinentes en todo el territorio nacional para dar con el paradero de los cuatro menores.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ordenó poner bajo custodia al grupo de uniformados “investigados por la justicia” por la desaparición de los cuatro jóvenes, según un comunicado difundido en X, antes Twitter.
Los cuerpos encontrados estaban en una zona rural muy cerca de la Base Militar de Taura, a las afueras de Guayaquil, que es la sede de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
En ese recinto, prestaban servicio los 16 militares que, en dos camionetas, detuvieron a los cuatro niños a las 20:43 de aquel domingo, según grabaciones de las cámaras de seguridad revisadas por la AP.
La base de Taura fue allanada por la Fiscalía la madrugada del pasado lunes para incautar evidencias, entre ellas, los celulares de los 16 uniformados y dos camionetas blancas Chevrolet Luv, con vidrios polarizados y sin placas, en los que subieron a golpes y violentamente a los cuatro niños, según las imágenes de videovigilancia.
El ministro de Defensa dijo que los militares actuaron porque una mujer había denunciado un robo por parte de los menores. Algo que no ha podido ser validado por las imágenes del sistema de videovigilancia.
En la audiencia celebrada el martes, el fiscal Christian Fárez, que lleva la investigación de la desaparición de los cuatro jóvenes, dijo que no había evidencia, pruebas, partes policiales o testigos que sustenten la versión sobre el presunto robo.
“No existe ningún acto ilícito que hayan cometido los niños”, apuntó el funcionario que cuestionó el procedimiento de la detención. “Los menores no pueden ser detenidos ni aprehendidos”, indicó, sino que debían haber sido “solo aislados” y haber informado a la unidad especializada de la Policía. “Sobre todo, hacer de conocimiento público el procedimiento, nombre, fecha y hora”.
