Ecuador: Las familias marcadas por el legado de Correa

En los 10 años de gestión de Rafael Correa fue palpable un país dividido entre los que lo aman y aquellos que lo definen como uno de los gobiernos más perjudiciales de la historia de Ecuador.

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Correa transferirá el poder con una popularidad de más del 40%, pero la gran mayoría del 60% restante siente mucho más que un tibio rechazo. "Si gana el oficialismo tenemos decidido con mi esposa que nos vamos de Ecuador. Ya no queremos seguir padeciendo más en este país", dijo a La Nación de Argentina Gabriel Arrijos (36 años), ingeniero comercial.

Otros, como Ernesto Hernández Benalcázar, un emprendedor agrícola de 53 años, no se cansan de expresar su admiración al proyecto de Correa, que lo animó en 2010 a regresar desde Rusia. "Nunca antes en la historia alguien se había animado a encarar un proyecto nacional verdaderamente independiente, que nos hizo recuperar el orgullo de nuestra identidad como ecuatorianos", dijo. Estas historias resumen las diferentes vivencias de 15 millones de ecuatorianos en esta década.

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Agobio

Arrijos es un comerciante de clase media que terminó siendo víctima de las medidas populistas implementadas por Correa, recibidas con entusiasmo por los sectores más carenciados, pero que arruinaron a tantos pequeños y medianos emprendedores.

Hace unos 30 años su padre, hoy de 63, había abierto en Quito un corralón de venta de materiales de construcción que fue creciendo y se especializó en derivados del alambre, mallas metálicas y tuberías, y eran proveedores de obras privadas y públicas. En total trabajaban allí siete personas.

Hacia 2011, por la llamada Ley de Economía Popular y Solidaria, destinada a regular y proteger a los pequeños emprendimientos, los obligaron a formar o afiliarse a una cooperativa ya existente para poder obtener descuento en el costoso impuesto automotor por el único camión del que disponían para hacer repartos. "Pero para sumarnos a una cooperativa nos querían cobrar unos 20.000 dólares, y eso estaba totalmente fuera de nuestras posibilidades", dijo Arrijos.

Otra medida recibida con entusiasmo por sectores carenciados fue la que determinó que las deudas impagas inferiores a 15.000 dólares no constituyen delito, sino solo "infracciones". Y para cobrarlas es necesario un complejo y oneroso proceso legal que ningún abogado acepta ya auspiciar. "En nuestro negocio todos los deudores tenían con nosotros deudas inferiores a 15.000 dólares, así que nos daban cheques sin fondos y ya no teníamos manera de cobrarlos", recordó.

Antes de que las deudas terminaran asfixiándolos, Gabriel decidió junto con su padre poner fin al negocio familiar de 30 años y cerrar el local en diciembre pasado. Pero ahora cuando quieren liquidar todo y vender la propiedad, se enfrentan a otras de las medidas innovadoras de Correa, la Ley de Plusvalía destinada a evitar la especulación con la tierra, que en la venta de propiedades fija un impuesto del 75% por encima del valor original del inmueble. En una medida de "justicia redistributiva", el gobierno destina esa tasa a obras de infraestructura. "Con el paso del tiempo todos los terrenos pierden valor, así que sólo nos quedaría el 25% del valor actual del local", explicó.

Así, hoy, Arrijos perdió su fuente de ingresos. Según sus palabras, se está "comiendo el capital".

"Ante esta situación, no podemos hacer aquí ya ningún plan para nuestro futuro, ni siquiera tener hijos", dijo. En un eventual triunfo del oficialismo en las elecciones de mañana, este ingeniero con posgrados en el exterior tiene decidido irse a vivir junto a su esposa a Canadá.

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Regreso

Desde que se casaron en Moscú, Ernesto Hernández y su esposa rusa, Liza Kovaleva, soñaban con Ecuador como un paraíso verde y soleado en el que sus hijos podrían jugar libremente al aire libre por horas sin temor a temperaturas glaciales, tormentas de nieve ni largos encierros como en los crudos inviernos rusos en un pequeño departamento moscovita.

La oportunidad surgió en 2010 con el plan de retorno implementado por el gobierno de Correa para favorecer el regreso de los más de tres millones de ecuatorianos (la quinta parte de la población), que en tiempos de crisis se fue a vivir al exterior.

"Entre otras cosas, el gobierno nos libró de la tasa al transporte de todos nuestros muebles y no hubo impuestos tampoco para el ingreso de un vehículo", recordó Hernández.

Con perseverancia para superar las trabas burocráticas que iba encontrando, Hernández sacó provecho a varias medidas innovadoras del gobierno. Compró una propiedad en la costa del Pacífico, en la localidad de Esmeraldas, y obtuvo un préstamo blando a cinco años para empezar a trabajar en el cultivo de madera balsa.

Además, una de las obras de infraestructura más importante de este gobierno fue precisamente la autopista a Esmeraldas, que permitió reducir el viaje a Quito de ocho a cuatro horas. La familia puede viajar así frecuentemente de la capital ecuatoriana a la costa.

Hernández sueña hoy con extender próximamente su emprendimiento agrícola al cultivo de cacao.

La familia disfruta también de otro proyecto "estrella" del gobierno, las llamadas Unidades Educativas del Milenio, un plan para modernizar la infraestructura educativa del país y eliminar el analfabetismo.

"Mis hijos tienen garantizado en Esmeraldas un nivel de educación adecuado y gratuito, al igual que otros chicos de regiones alejadas del país, que antes estaban abandonadas", dijo Hernández.

Los chicos de la familia Hernández-Kovaleva no hablaban español cuando llegaron a Quito, pero gracias a un curso de nivelación idiomática ahora se expresan sin inconvenientes en ambos idiomas.

"Yo veo también cosas que no me gustan en este gobierno. Pero tengo mucho miedo que ahora triunfe un gobierno de derecha que vuelva atrás con tantos avances", concluyó, en referencia a las elecciones.

Fuente: LA NACIÓN, GDA

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