El Gobierno de Ecuador anunció este martes un nuevo estado de excepción focalizado en cinco provincias de la zona costera del país, en las que persisten acciones violentas como asesinatos, secuestros y extorsiones atribuidas a bandas del crimen organizado, contra las que mantiene declarado el “conflicto armado interno”.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, mediante un decreto ejecutivo declaró el estado de excepción por sesenta días en las provincias costeras de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, lo que dejó fuera de la medida a las de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicadas en la misma región.
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En esos territorios queda suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio y se sustenta en la necesidad de “ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados”.
Este nuevo estado de excepción se dio a menos de un mes de que finalizara otra medida similar a escala nacional que Noboa mantuvo en vigor entre el 8 de enero y el 7 de abril pasado para aplacar una escalada de la violencia criminal que en los últimos años ha llevado al país a estar entre los primeros de Latinoamérica en homicidios per cápita.
Con esa medida, dada ante una oleada de atentados y acciones violentas que se sucedieron de forma paralela a una serie de motines carcelarios, Noboa militarizó las cárceles, que eran epicentros de la crisis de violencia al estar controladas muchas de ellas por las organizaciones criminales.
Pese a haber finalizado ese anterior estado de excepción, Noboa mantuvo la declaración de “conflicto armado interno” en el país, con el que declaró a las bandas criminales que operan en el país como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Además, los militares mantuvieron las operaciones en las cárceles del país, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuya rivalidad había dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esa violencia en las prisiones saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023.
Tras meses de intervención militar en la seguridad interna, el Gobierno había anticipado una bajada en los indicadores del crimen, pero un repunte de la violencia, sobre todo en la región costera, ha vuelto a encender las alertas en el país.
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En los días previos al referéndum celebrado el pasado 21 de abril por iniciativa de Noboa, fueron asesinados dos alcaldes de municipios de las provincias de El Oro y de Azuay, en el sur del país, donde en ambos había presencia de actividades de minería ilegal.
El mismo día de la votación también fue asesinado el director de la cárcel de El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, capital de la costera provincia de Manabí.
Los ecuatorianos respaldaron por amplia mayoría las reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, como la de modificar la Constitución para que los militares puedan apoyar permanentemente a la Policía en operaciones contra las bandas criminales.
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