El Gobierno de Ecuador emitió este jueves un reglamento de respaldo a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que busca garantizar las acciones de las entidades del orden en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
“Hoy damos otro paso importante en nuestro propósito de mejorar las condiciones y herramientas que tienen policías y militares para actuar en defensa de los ciudadanos, y proteger derechos y libertades”, aseguró el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, al suscribir el documento.
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“El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó”, enfatizó el gobernante durante el acto de suscripción del reglamento en el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito.
El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza es un instrumento que aclara disposiciones confusas de la norma y profundiza aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guardias de las prisiones, precisó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.
Por ejemplo -añadió la fuente-, define con claridad que “la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública”.
Con este reglamento también la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa la respalda, pues los instrumentos legales “guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo”, añadió la Secretaría en su escrito.
De su lado, el titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, recalcó que policías, militares y guías penitenciarios estarán amparados por el reglamento.
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Ellos “deben y van a hacer el uso de los instrumentos legales y materiales para obligar a aquellas personas que han escogido actuar fuera de las normas de convivencia y la ley a presentarse ante ella”, remarcó Bravo.
La suscripción del instrumento se suma a otras acciones dirigidas por el Gobierno para la seguridad del país, luego que el pasado 27 de abril el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) sugiriera declarar al terrorismo como una amenaza contra el Estado y su seguridad integral, después de una oleada de acciones y atentados de crimen organizado que fueron calificados de terroristas.
El pasado 3 de mayo el presidente Lasso firmó un decreto ejecutivo que acogió la disposición del Cosepe (el máximo organismo asesor en materia de seguridad) y dispuso que las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía ejecuten operaciones para contrarrestar a personas y organizaciones que cometan actos terroristas.
A inicios de mayo eran 30 los presuntos delincuentes que habían sido abatidos por la Policía en 2023, frente a los seis de todo 2022, según la cifra brindada por el comandante general, Fausto Salinas.
Entre otras acciones para combatir la oleada de crímenes y delitos que afectan el país, el Gobierno anunció su objetivo de incorporar 30.000 policías, con lo que la cifra de agentes subiría a 80.000 a nivel nacional, además de autorizar el porte de armas de uso civil por razones de autodefensa.
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Asimismo, la Secretaría de Comunicación indicó que el Gobierno trabaja para dotar a las fuerzas del orden de más armas, municiones, vehículos y otros equipos.
Al respecto, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que la próxima semana prevé suscribir con la Corte Nacional de Justicia un convenio para las armas incautadas por los agentes en operativos contra el delito, puedan ser usadas por la Policía.
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