Decenas de guardias penitenciarios se manifestaron este martes en el centro de Quito, para reclamar por más seguridad para el personal que opera en las cárceles del país, después de que cinco servidores públicos fueran asesinados el pasado lunes en menos de 12 horas en Portoviejo, ciudad ubicada en la provincia costera de Manabí.
El primer suceso en el que perdieron la vida tres guías penitenciarios tuvo lugar en la vía Portoviejo-Calderón cuando los servidores públicos se dirigían a la cárcel de El Rodeo, ubicada en Manabí, en un vehículo que fue interceptado y atacado a disparos, según informaron fuentes policiales.
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De la misma forma, los otros dos servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria fueron atacados en la ciudadela Los Ángeles, también en Portoviejo, pasadas las 18:00 horas cuando viajaban en un vehículo.
Este martes, William Alarcón, uno de los guías penitenciarios que se reunió junto a sus compañeros frente a la sede del Ejecutivo, en el Centro Histórico de Quito, solicitó “de manera enérgica” que el Gobierno de Ecuador aumente y dote al personal carcelario del equipo necesario para enfrentar la inseguridad.
Según “las recomendaciones de Naciones Unidas y experta en seguridad, nosotros deberíamos estar al menos, al menos, con 10.000 agentes de seguridad penitenciaria y somos 2.700”, denunció.
En cuanto al armamento necesario, Alarcón reclamó “equipos de protección balística, uniformes, los pertrechos y obviamente el armamento, y que se investigue de manera eficaz las muertes de los compañeros”.
Por su parte, el abogado Diego Pozo, encargado de la representación de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios de Ecuador, lamentó “la falta de atención por parte del Estado al servicio (penitenciario)”, el cual remarcó que se encuentra “abandonado”.
“¿Cuántas personas más tienen que fallecer para que pongan atención a esto?”, se preguntó Pozo.
Alarcón reclamó “el armamento letal” aprobado por la administración ecuatoriana que consiste, según explicó, en pistolas de 9 milímetros, así como de subfusiles del mismo calibre, escopetas y carabinas.
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“Eso está aprobado, pero es un trámite burocrático que está demorando (...). El gobierno nos puede ayudar en un tiempo inmediato, pero si no pone las cartas en el asunto, esto va a seguir olvidado y va a seguir la crisis”, se lamentó.
En paralelo a estás reclamaciones, Alarcón también subrayó la necesidad de revisar las condiciones laborales de los servidores penitenciarios, sobre todo en términos la jubilación y mejora salarial.
“Para un compañero con 65 años de edad trabajar en el sistema penitenciario custodiando personas privadas de libertad es imposible”, recalcó.
Los diferentes representantes del colectivo de penitenciarios ecuatorianos confirmaron que durante el día de hoy iban a ser recibidos por el Ministerio de Gobierno con fin de abordar estas y otras cuestiones.
Ya en marzo pasado, funcionarios y guardias de prisiones de Ecuador reclamaron al Gobierno que atiendan sus demandas de mayor seguridad, personal y de equipamiento, después de que ese mes un guardia muriera en un atentado en la provincia del Guayas, frente a la Penitenciaría del Litoral, la mayor cárcel del país, al explotar un artefacto colocado en un vehículo.
El asesinato de los agentes es un hecho más relacionado con la violencia en las cárceles en el país andino.
Las cárceles de Ecuador están bajo control de los militares desde enero de 2024 cuando el presidente, Daniel Noboa, declaró el conflicto armado interno contra los grupos criminales, a los que pasó a llamar “terroristas” y a los que se atribuyen las masacres ocurridas en las cárceles en los últimos años.
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Entre 2021 y 2024 han asesinado a más de 500 presos en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres por disputas entre bandas criminales rivales, a quienes se les atribuye también la escalada de violencia que afecta a Ecuador a nivel nacional, al punto de que en 2023 se situó a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.
Durante 2023 se registraron cerca de setenta muertes violentas en las cárceles de Ecuador, siendo la de mayor magnitud un motín en la Penitenciaría del Litoral que dejó 31 muertos en tres días.
Ecuador atraviesa por una crisis de inseguridad que lo ha ubicado como el país latinoamericano con la tasa más alta de homicidios, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023.
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