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Fútbol mundialCuerpos baleados y con rastros de impacto de granadas en la Penitenciaría del Litoral, una de las más grandes prisiones de Guayaquil y del país, dan cuenta de la que ya es considerada la peor masacre carcelaria en Ecuador.
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“Esto es, efectivamente, una guerra. No es un fenómeno extraordinario, sino sistemático, en el que bandas se enfrentan en espacios en donde el Estado no tiene suficiente control”.
Las palabras son del investigador y analista político ecuatoriano Julio Echeverría, quien se anima a esbozar algunas razones que explicarían el desbarajuste carcelario de su país.
Porque esta situación no solo se ha producido en Guayaquil, sino también en recintos penitenciarios como el de Latacunga, en la sierra ecuatoriana. “Las bandas están repartidas en todas las cárceles del país”, dice el especialista.
“La declaratoria de emergencia dada por el presidente Guillermo Lasso es, apenas, un paso para tratar de poner orden”.
Ahora son los Choneros y los Lobos, grupos delincuenciales locales que trabajan como filiales de organizaciones dedicadas al narcotráfico (“brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”), pero hay otros.
“Ecuador ha sido tomado por estas organizaciones que entienden al país como un territorio que garantiza la salida de la producción de cocaína de Colombia y Perú, a través de los puertos de la costa pacífica”.
Las cifras son contundentes: en el 2020, las peleas por el control entre Choneros y Lagartos dejaron 51 crímenes en cárceles. Un año antes, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, fueron asesinadas 32 personas.
Degollamientos con machetes, muertes por palizas, suicidios: este es el panorama que se vive adentro de las cárceles ecuatorianas.
Y tampoco es la primera vez que los presos se amotinan.
El 23 de febrero del 2021, “al menos 62 personas fueron asesinadas en los amotinamientos registrados en las cárceles de Guayaquil, Truzi (Azuay) y Cotopaxi”.
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Fotografía cedida por la Gobernación de Guayas que muestra a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas durante un operativo en la madrugada del jueves 30, en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil (Ecuador). EFE
/ Gobernación GuayasENTRE LA PASIVIDAD Y EL OLVIDO
Lo que sucede ahora en Guayaquil no asombra a Echeverría: si lo que estas organizaciones buscan es garantizar la salida de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, nada los detendrá.
“No hay que olvidar que, en el régimen pasado, se desmontaron los sistemas de vigilancia y control, especialmente cuando se expulsó a Estados Unidos de la base de Manta, en donde se ejercía control sobre toda la costa pacífica del centro y sur del Ecuador”.
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Toda esa zona, cuenta Echeverría, que quedó virtualmente desprotegida, convirtiéndose en un lugar de salida de la droga hacia mercados internacionales.
“No nos olvidemos que uno de los objetivos de estos grupos es controlar los puertos, en particular el de Guayaquil. Allí, ellos se reparten la capacidad de contaminar los contenedores”.
Cuando no se ponen de acuerdo, hay problemas, y allí es cuando se revela todo el aparataje sistémico que explica el violentísimo motín en la cárcel de Guayaquil.
“El Estado ha sido permisivo en lo que respecta al control de las cárceles, por lo que el sistema penitenciario está en manos de estas bandas”.
Y si es el fenómeno en cuestión se ha ido agudizando –desde antes del 2010, cuenta Echeverría- es porque, de alguna manera, se permitió una suerte de convivencia del Estado con estas organizaciones.
El caso es que, en la actualidad, “las cárceles se han convertido en núcleos, casi en cuarteles en donde las bandas encuentran protección y desde donde dirigen sus operaciones”.
EL PELIGRO DEL EFECTO CONTAGIO
No solo es el narcotráfico a nivel doméstico o de exportación, este caos también ha incentivado el aumento del sicariato.
Hacia agosto de este año, “El Comercio” de Ecuador sostuvo que se habían registrado 38 balaceras en el país, y que, en el primer semestre, se sumaron 1.025 crímenes.
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“Esa cifra se acerca al total de asesinatos que se perpetró en el 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19. Durante ese año se reportaron 1 372 crímenes y la tasa de homicidios en Ecuador se ubicó en su punto más alto desde el año 2015″, escribe el medio.
Echeverría anota:
“Los sicarios están al servicio de bandas dedicadas al narcotráfico. Estamos enfrentando una diversificación y especialización en las diversas líneas que nutren a ese negocio ilegal”.
La crisis generada por la pandemia del coronavirus dejó a gran parte de la población en condiciones de “informalidad y precariedad”, lo que según, el especialista, se convierte en “el caldo de cultivo” para que esta situación se salga de control.
“Y este es un fenómeno que debe ser visto regionalmente. Las soluciones tienen que ser pensadas de esa manera porque esta situación es replicable en países vecinos y en otras latitudes”.
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