Los operativos de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Ecuador realizados durante el estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, por “conflicto armado interno” contra las bandas del crimen organizado se saldó con una veintena de presuntos delincuentes abatidos y más de 18.400 detenciones.
La declaración de “conflicto armado interno”, que Noboa ha prorrogado más allá del final del estado de excepción, conllevó la catalogación de veintidós bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales que pueden ser neutralizados por las fuerzas policiales y militares.
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Así, durante el periodo de vigencia del estado de excepción, que comenzó el 9 de enero y culminó este domingo 7 de abril, el balance final brindado este lunes por el Gobierno ecuatoriano es de una veintena de presuntos “terroristas” abatidos, mientras que cinco policías y un militar fallecieron durante estas operaciones contra el crimen organizado.
En este tiempo las fuerzas estatales han realizado 245.831 operativos en los que se han practica 18.736 detenciones.
También se han incautado 4.964 armas de fuego, 7.145 armas blancas, 1.709 cargadores de balas, 29.644 explosivos y más de 272.000 balas.
Asimismo, se han decomisado más de 77,5 toneladas de drogas y casi medio millón de dólares en efectivo, además de 1.546 automóviles, 2.177 motocicletas y 28 embarcaciones, entre ellas un ‘narcosemisumergible’ utilizado por las mafias del narcotráfico para trasladar cocaína hacia Centroamérica y México.
Durante el periodo del estado de excepción también han registrado diecisiete atentados a infraestructuras policiales y trece atentados a infraestructura pública y privada.
El estado de excepción implicó la suspensión temporal de derechos fundamentales como la libertad de reunión y la de tránsito, con un toque de queda nocturno que fue variando por provincias en función de su nivel de riesgo.
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También implicó la militarización de las cárceles para arrebatar el control interno de las prisiones a las bandas del crimen organizado, cuyas rivalidades fueron la causa de una serie de una violeta crisis penitenciaria que ha dejado más de 500 presos asesinados desde 2020.
El ingreso de los militares a las cárceles no estuvo exento de polémica, pues diferentes organizaciones no gubernamentales denunciaron la violación de derechos humanos por parte de los soldados hacia los presos, lo que un juez ordenó investigar a través de la Defensoría del Pueblo.
Tanto la declaración del estado de excepción realizada por Noboa en un primer término por 60 días y su posterior prórroga por 30 días fueron validadas por la Corte Constitucional de Ecuador, para la que la existencia de un “conflicto armado interno” es un asunto de hecho que no puede ser interpretado por el tribunal.
El estado de excepción fue decretado por Noboa para abordar una espiral de violencia de las bandas criminales que se dio en la segunda semana de enero, con su hecho más conocido en la toma por parte de un grupo armado del canal TC Televisión durante una emisión en directo, donde fueron detenidos trece de los asaltantes.
Sin embargo, al mismo tiempo se dieron motines simultáneos en varias cárceles con cerca de 200 rehenes entre guardias penitenciarios y policías que lograron ser liberados después de casi una semana retenidos.
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También hubo secuestros y asesinatos de policías, así como vehículos incendiados y alertas de explosivos que, en especial el 9 de enero, generaron una situación de pánico colectivo en la ciudadanía, lo que llevó a Noboa a responder con esta estado de excepción.
La escalada de violencia se dio en momentos que el Gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su política de “mano dura” hacia las prisiones controladas por las bandas del crimen organizado, luego de la fuga del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.
Si bien las cifras de violencia se redujeron durante las primeras semanas del estado de excepción, hubo un repunte en las últimas semanas con casos como al asesinato de la alcalde más joven del país, Brigitte García, y una serie de masacres.
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