Cómo fue el largo camino para la histórica aprobación de la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia

En última instancia parlamentaria, el Senado de Colombia aprobó esta semana, con 77 votos a favor y ninguno en contra, una reforma constitucional a fin de dejar abierta la posibilidad de castigar con cadena perpetua a los asesinos y violadores de niños y adolescentes.

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“Esto es un cúmulo de fuerzas para poder lograr el objetivo y marca la historia del país en materia penal”, comenta en diálogo con El Comercio Martha Villalba Hodwalker (Partido Social de Unidad Nacional), autora de la propuesta aprobada.

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Esta es una discusión socialmente sensible que tiene más de una década en dicho país, espacio de tiempo en el que se han presentado y dado trámite a una veintena de iniciativas para modificar el artículo 34 de la Constitución, que expresamente prohíbe aplicar la prisión perpetua.

De acuerdo con la legislación colombiana, bajo determinados criterios los delitos pueden llegar a ser sancionados hasta con 60 años de cárcel, la pena máxima. Esta última modificación constitucional se propone romper esta barrera -por primera vez- para los casos de abusos de menores.

“De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”, se indica en el texto de la reforma.

Cifras alarmantes que reflejan el abuso

Casos como el del pederasta Luis Garavito, quien violó y mató a unos 172 menores; así como el de Yuliana Samboní, una niña indígena de seis años que fue secuestrada, violada y luego asesinada por Rafael Uribe Noguera, un reconocido arquitecto de la clase alta de Bogotá, son solo una pequeña muestra de un problema que ha indignado a la sociedad y fomentado la búsqueda de sanciones más drásticas.

Según un reporte de Alianza por la Niñez Colombiana, entre el 2015 y junio del 2019 se han registrado 91.982 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.

La congresista Martha Villalba afirma que muchos casos no llegan a ser denunciados, “porque uno de los grandes temores de nuestros niños es que quien los agrede va a volver en algún momento y se va a convertir en su verdugo”. “Pero ya ante esta posibilidad creo que la gente se va a atrever a denunciar”, agrega.

Ciertamente, esta ha sido una lucha de largo aliento en Colombia. Al no haberse tenido éxito en el Congreso (ha estado en agenda durante años), la concejal Gilma Jiménez llegó a optar en el 2008 por la participación ciudadana y recolectó más de dos millones y medio de firmas para convocar a un referéndum.

Sin embargo, posteriormente la Corte Constitucional votó -por mayoría- en contra argumentando “vicios de trámite”, retrotrayendo el tema. Jiménez falleció en el 2013.

“Nosotros queremos demostrar que la cadena perpetua tiene un efecto positivo frente al verdadero cuidado de los niños del país. Tenemos que enfocarnos en los niños y no en la política criminal”, comenta a El Comercio Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical), otra de las autoras de la propuesta aprobada.

Penas no proporcionales y un debate jurídico

Una de las aristas analizadas en la Asamblea Legislativa es la falta de proporcionalidad de las penas en el Código Penal. Actos de violencia sexual contra niños y adolescentes tienen sanciones menos gravosas que, por ejemplo, la afectación del patrimonio económico, como el hurto agravado.

“Es decir, los delitos sexuales contra menores tienen inexplicablemente un menor peso que otros bienes jurídicos, pese a que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás”, se argumenta en el informe de ponencia para el segundo debate en la Cámara de Representantes, suscrito por cinco congresistas y presentado en octubre pasado.

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La reforma implicó además un debate jurídico respecto a su pertinencia y sus reales efectos disuasivos en las conductas sociales. Para Rafael Nieto Loaiza, abogado colombiano y exviceministro de Interior y Justicia, esta no es la vía de la solución.

“En un sistema judicial como los nuestros en América Latina, que son tan frágiles, los riesgos de las cadenas perpetuas y la posibilidad de que se condenen a inocentes es muy alto”, comentó en entrevista telefónica con este Diario.

En palabras de Nieto, “este tipo de decisiones de carácter normativo no pasan de ser mensajes de carácter simbólicos”. Por lo que sí se debe apostar, agregó, es por “la acción efectiva de la investigación policial y después del aparato judicial para establecer sanciones”.

Por su parte, la senadora Emma Castellanos sostiene que si bien hay quienes indican que “esto no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial, pero yo creo [es] el inicio para empezar a resolverlos”.

“En Colombia en los últimos años se ha intentado aplicar modelos de justicia restaurativa, lo que ha pasado en este tipo de modelos es que los delincuentes tienen penas muy bajas y nunca se repara las víctimas, por eso seguimos insistiendo aplicar la sanción penal con fines de retribución para que se pueda equilibrar el castigo al crimen cometido”, comenta.

Como parte del diálogo con los diversos actores políticos, y manteniendo el criterio de resocialización, que forma parte del fin de la pena, se permitirá hacer una revisión de la medida impuesta a los 25 años de cumplida, aunque en un momento se llegó a plantear que esto sea a los 40 años.

“Preferimos hacerlo de 25 años y evitar la inconstitucionalidad para cumplir de manera era coherente con el mandato constitucional. La clave es tener sanciones fuertes, pero si una persona logra llegar a un estándar de resocialización verdadera poderle hacer una rebaja de pena no inferior a los 60 años”, detalló Emma Claudia Castellanos.

Factor político y lo que se viene

La cadena perpetua para los abusadores de menores fue una de las banderas que alzó Iván Duque durante la carrera electoral hacia la presidencia. Ya en el Gobierno, su respaldo ha sido importante para que esta propuesta -calificada de populista por algunos sectores- finalmente salga adelante.

Tras la aprobación, salió casi de inmediato a calificarla como “ejemplarizante”. “Colombia tiene un gran motivo de felicidad: hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros”, refirió el jueves por la noche.

Ahora bien, ¿con la decisión adoptada en el Congreso Colombia ya puede hacer efectiva la aplicación de la cadena perpetua? No. Solo se liberó la limitación constitucional.

Incluso con la inminente promulgación del Ejecutivo de la norma, al estar de acuerdo, lo que corresponde ahora es que se reglamente previo proyecto de ley que modifique el Código Penal. Se tiene un año para ello.

Además, se abriría otro debate en la Corte Constitucional, integrada por nueve magistrados, debido a que ya se han anunciado demandas por parte de los grupos opositores.

En esta sede se podrían revisar aspectos de forma de la reciente modificación (si es que se cumplieron los plazos, debates), como también de fondo.

Sobre esto último, en el país existe una doctrina sobre “pilares estructurales” de la Constitución a la que podría apuntarse, que indica hay ciertas cláusulas que son inmodificables -salvo Asamblea Constituyente- porque de lo contrario se atentaría su esencia.

De llegar a este escenario, ¿la corte interpretará que aquí hay una modificación de un pilar estructural y dejaría sin efecto la reforma? Quedará para el debate.

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