El fracaso de la estrategia de Petro: el anhelo de la paz se sigue esfumando en Colombia

Colombia ya había estado en shock tras el fallecimiento, el 11 de agosto, del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque directo durante un mitin.

Los responsables serían grupos disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la principal organización insurgente del país durante cuatro décadas), que se abrieron del proceso de paz firmado el 2016 y han aumentado su accionar en los últimos años.

El atentado en Cali habría sido obra del Estado Mayor Central (EMC), un bloque comandado por alias ‘Iván Mordisco’; mientras que el ataque contra la policía en Amalfi, Antioquia, lo habría cometido un grupo rival, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias ‘Calarcá Córdoba’. Dos facciones que ahora están enfrentadas por el control del territorio y las principales rutas de la cocaína.

Tras la firma del acuerdo de paz hace nueve años, algunas columnas de las FARC decidieron seguir en armas y no se desmovilizaron, o lo hicieron al inicio para luego retirarse definitivamente de los diálogos. Aunque parecía tratarse de fuerzas residuales, con el transcurrir de los años han ido ganando mayor control en varios departamentos del país, sobre todo en la frontera con Venezuela, donde se dedican al narcotráfico y tienen redes de extorsión y minería ilegal.

La motivación política que alguna vez tuvieron -o dijeron defender- está difuminada y se trata netamente de estructuras armadas que ya no operan como un solo cuerpo, sino de manera fragmentada y con sus propias agendas.

Al inicio, la Segunda Marquetalia, dirigida por alias ‘Iván Márquez’, uno de los insurgentes de mayor peso de las FARC, parecía la más fuerte, pero ha empezado a disgregarse. Sigue siendo una disidencia importante, pero ahora las que más han ganado terreno son las que cometieron los atentados de la semana pasada: el bloque de ‘Iván Mordisco’ y el de ‘Calarcá’, que han entrado en una especie de guerra interna.

Los recientes atentados han significado un duro golpe para la estrategia del presidente Gustavo Petro, que entró al gobierno en el 2022 con la promesa de la “paz total”. Justamente, bajo ese nombre elaboró un plan que buscaba negociar al mismo tiempo con los distintos grupos armados que aún quedaban activos después de los acuerdos de paz del 2016, así como con las bandas criminales, cárteles del narcotráfico y organizaciones del crimen organizado.

Una política que buscaba una solución integral, pero que no ha dado resultado. “Es obvio que no se ha logrado la paz total”, ha reconocido el propio mandatario.

La politóloga colombiana Carolina Galindo, profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá, explica que el enfoque integral se basaba en la necesidad de reconocer que había varios actores en el prolongado conflicto colombiano.

“La paz total tenía en cuenta que mientras persista la economía del narcotráfico, la ilegalidad y todo el entramado político y territorial era imposible conseguir la paz. Entonces se planteó que era fundamental negociar también con actores involucrados en el narcotráfico, al mismo tiempo que con miembros de las FARC que no se acogieron a los acuerdos, con el ELN, que es el otro grupo armado que opera en Colombia hace 50 años, así como con clanes, grupos delictivos y herederos de los paramilitares”, comenta a El Comercio.

Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Tres años después, la mayoría de las mesas de diálogo se han estancado o fracasado, mientras que los grupos violentos han seguido delinquiendo, se han rearmado y empoderado, poniendo en jaque lo que se había avanzado.

En el caso de las disidencias de las FARC, la mayoría ya pateó el tablero de las negociaciones, excepto la EMBF de ‘Calarcá’, que a pesar de haber derribado el helicóptero de la policía sigue dialogando con el gobierno, aunque es una incógnita por cuánto tiempo más.

Para Silvio Borrero, profesor de la Universidad St. Mary’s de Maryland y consultor en temas estratégicos, “ningún grupo criminal, insurgente o narco va a estar dispuesto a desmovilizarse si no está en condiciones de desventaja. Entonces, lo que hace esto tan difícil es que el incentivo para seguir combatiendo, traficando o secuestrando es mayor que el incentivo que tienen para desmovilizarse o firmar algún acuerdo”.

El experto colombiano señala que se trata de un problema estructural complejo: “Uno puede decir que el gobierno de Santos dejó algunos cabos sueltos, luego que el gobierno de Duque no fue lo suficientemente contundente para reducir esas disidencias, pero el problema se exacerba con esta administración. Y no quiero juzgar la intencionalidad pues todos queremos la paz, pero los esfuerzos se han atomizado ya que todos los recursos están diluidos en múltiples frentes. La gran falla ha sido pretender pelear con todos al mismo tiempo. Hay que saber escoger las batallas”.

“Son muchos factores que no han ayudado. Primero, por las dificultades que ha tenido la gestión del gobierno y porque los propios actores no estaban dispuestos a entregar su poder, no solo económico sino también el control territorial, pues ejercen una especie de soberanía paralela en ciertas zonas del país”, añade Galindo.

No obstante, un punto clave ha sido bajar la guardia en el aspecto militar. “Esta política de apertura a la negociación también vino de la mano con una cierta flexibilización en la acción de las fuerzas armadas en estos territorios. En muchos casos se les quitó financiación, equipamiento”, explica la politóloga. Eso también ha permitido que estas disidencias se fortalezcan y expandan su influencia.

Por ahora, el panorama no se avizora alentador. Más aún cuando Colombia entra en terreno electoral pues el próximo año se elegirá al sucesor de Gustavo Petro, y ya la agenda del gobierno parece estar más enfocada en la campaña. Una campaña que podría salpicarse con más sangre si los grupos armados siguen actuando con impunidad.