“Evo sabe que es su última oportunidad, no está dispuesto a aceptar su muerte política”: los enfrentamientos en Bolivia ya dejan 5 muertos

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El miércoles 11 se reportaron las muertes de los subtenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Apata, así como la del sargento Alberto Mamani, a causa de golpes y disparos de armas de fuego en la pequeña ciudad de Llallagua, al sur de La Paz.

Mientras que el subteniente Christian Calle Alcón murió durante un enfrentamiento en la carretera hacia Oruro.

Al día siguiente la fiscalía confirmó la muerte de un civil en Cochabamba. Otras 19 personas han sido heridas en diferentes puntos del país.

En otros departamentos, la prensa informó sobre la quema de buses y ambulancias, el bloqueo de unidades médicas y el secuestro de policías por parte de los manifestantes.

Los seguidores del exmandatario Morales han intensificado el bloqueo de carreteras en cuatro departamentos del país en oposición al fallo del Tribunal Constitucional que lo inhabilita para participar en los comicios presidenciales del 17 de agosto.

Estos actos se suman a otras movilizaciones en curso en el país contra el gobierno de Luis Arce a causa de la prolongada crisis económica, la escasez de combustible y el alza de precios de los productos básicos durante los últimos meses.

Todos estos factores han llevado a que el gobierno registre apenas un 19% de aprobación en las últimas semanas y que Arce tuviera solo un 5% de intención de voto antes de retirar su postulación a la reelección.

Ahora, con el país convulsionando por la violencia en las calles y el gobierno temblando, otro de los temores que surge entre los bolivianos es que el proceso electoral no se celebre.

“Las elecciones previstas para agosto, de las cuales definitivamente depende el futuro del país, están en riesgo principalmente por el empecinamiento de Evo Morales por participar pese a las limitaciones constitucionales dictadas en su contra”, comenta a El Comercio el sociólogo y politólogo boliviano Daniel Moreno.

El experto considera que Morales es el principal interesado en la caída de Arce, la anulación del actual proceso electoral y la convocatoria a unos nuevos comicios en los que pueda apelar el fallo del tribunal y encontrar la forma de participar.

“Su afán de volver al poder responde a que es su última oportunidad. Evo sabe que si ahora no aparece, será su muerte política, su salida del escenario político boliviano, algo que no está dispuesto a aceptar”, agrega Fabiola Chambi, periodista boliviana y editora de la plataforma de investigación latinoamericana Connectas.

Ante ello resulta vital analizar la situación en la que encara el gobierno de Arce este último tramo. El mandatario dejó claro esta semana que no está dispuesto a renunciar al cargo. Sin embargo, está claro que su poder se encuentra bastante menguado debido al descontento popular.

“El gobierno de Arce es marcadamente débil. Sus posibilidades de llegar a las elecciones y al cambio de gobierno son escasas en medio de una crisis económica aguda, con niveles de aprobación por debajo del 5% y, sobre todo, con la oposición descarnada de su antiguo aliado”, señala Moreno.

“El país llega tremendamente convulsionado, en incertidumbre, con alta polarización y con una desinstitucionalización que se viene arrastrando desde hace muchos años”, agrega Chambi, quien resalta que pese a no contar con el respaldo de prácticamente nadie, el resto del espectro político soportaría a Arce solo con el objetivo de evitar un mayor colapso del sistema.

“La salida del presidente en este momento agudizaría mucho más la crisis nacional, no existe alguien que conscientemente lo apoye pero tampoco queda otro camino en general. Este jueves se ha dado una señal importante con la convocatoria del Tribunal Electoral a las 10 alianzas registradas y autoridades del Ejecutivo, buscan que sea la señal para garantizar que se llevará adelante el proceso”, resalta la periodista.

Ambos expertos coinciden en que las movilizaciones sociales podrían agravarse con el paso de los días. Moreno explica que “los ánimos de la población están caldeados y la provocación a los bloqueos puede ser respondida con violencia por parte de la propia población”.

Chambi agrega que un elemento a tomar en cuenta es la fragmentación del MAS. “Hay tres fuerzas que se disputan el poder: una facción que apoya al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; otra que se mantiene respaldando al presidente Arce y el tercero detrás de Morales”.

En paralelo tanto el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, como la diputada opositora Luciana Campero han denunciado a Evo Morales ante la Fiscalía por terrorismo. En sus redes sociales el exgobernante dijo que se está criminalizando una “protesta social, legítima y justa” y acusó a policías y militares de “reprimir al pueblo”.

“Hay elementos muy puntuales que hablan de acciones vandálicas y terrorismo real, pero obviamente esto aún debe ser probado y demostrar quiénes están detrás. Morales asegura que no incita a nadie pero revisando sus declaraciones vemos cómo hablaba de una semana clave y otros mensajes similares. Puedo asegurar que quienes han disparado a los policías no son ciudadanos que protestan por falta de dinero, son miembros de agrupaciones con tintes terroristas que recurren a violencia extrema”, apunta Chambi.

Este jueves 12, además, el gobierno denunció que el narcotráfico se ha infiltrado en las protestas. “Esta no es una protesta. En el caso de Llallagua está vinculado al narcotráfico, a móviles políticos y se ha usado francotiradores. Ha sido un ataque organizado y planificado”, denunció el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, durante una conferencia de prensa.

Moreno no descarta que pueda existir dicha influencia, aunque la figura sería más compleja que la del financiamiento directo. “Morales es dirigente de las federaciones productoras de coca en el trópico de Cochabamba y la coca es el principal insumo para la producción de cocaína. Entonces siempre ha habido esa vinculación, al menos de manera indirecta. El trópico de Cochabamba se ha convertido en un territorio donde el Estado tiene una presencia mínima y la capacidad de control a la producción y tráfico de cocaína es muy escasa. Es razonable pensar que al menos parte de las movilizaciones en el país tienen alguna vinculación con el narcotráfico, quizás no con un financiamiento directo pero desde siempre está en torno a las federaciones productoras de coca y en su respaldo a Morales”, señala el experto.