El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo este jueves que el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cumple “voluntariamente” una detención domiciliaria, al permanecer en su bastión político ante el riesgo de que la Policía ejecute una orden de aprehensión en su contra.
El exmandatario denunció el miércoles que el Gobierno aplicó un “plan negro” para sepultarlo políticamente y cuestionó las razones por las que Del Castillo y a fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, no son investigados luego de que su supuesta víctima acusara a ambos de montar una “persecución” en su contra.
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“No tiene sentido responderle a este señor (sobre Morales) que se encuentra detenido voluntariamente en una detención domiciliaria al interior del Trópico de Cochabamba”, aseguró el ministro a los medios.
Morales permanece desde octubre bajo el resguardo de sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, para evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra.
El político afronta una denuncia de trata agravada de personas debido a una supuesta relación con una menor con la que habría tenido un hijo mientras era presidente de Bolivia en 2016.
Además, en enero, un juez de la sureña Tarija lo declaró en ”rebeldía" por no presentarse en dos ocasiones a una audiencia de medidas cautelares por el caso de trata agravada.
En la víspera, un tribunal de justicia rechazó un recurso de apelación planteado por la defensa del expresidente para paralizar la orden de aprehensión que hay en su contra por un caso de trata agravada de personas.
Luego del rechazo de la apelación, el juez a cargo del caso, Alberto Rocabado, ratificó la orden de aprehensión que emitió el mes pasado en contra Morales con una resolución firmada que la Policía tiene que cumplir.
Al respecto, Del Castillo consideró que “los jueces han obrado de acuerdo a ley” puesto que el exgobernante “no goza de ningún tipo de privilegio”.
En otro contacto con los periodistas este jueves, Del Castillo afirmó que “el objeto” de la investigación es Morales, que además debe indagar “cómo y cuándo se procedió a violar a una niña de tan solo 15 años y producto de esa violación hubo un embarazo adolescente”.
“Cuando el Ministerio Público nos dé la autorización correspondiente se la vamos a dar a conocer (el caso) al pueblo boliviano”, reiteró.
La Fiscalía emitió el 16 de octubre una orden de aprehensión contra Morales que no se ejecutó debido a que la Policía indicó que no pudo dar con su paradero.
Luego, a principios de enero, se emitió una segunda orden de aprehensión judicial que tampoco ha sido ejecutada por la fuerza pública.
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Del Castillo explicó hace unos días que la Policía ya tiene una orden de operaciones y que solo esperan que Morales salga del Trópico de Cochabamba para ponerla en marcha.
Los seguidores del exmandatario advirtieron que realizan vigilias permanentes en todas las poblaciones del Trópico de Cochabamba y anunciaron que excavarán pozos para evitar el aterrizaje de aviones o helicópteros en la zona.
El proceso judicial agrava la relación entre Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce, distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado y el control del MAS.
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