Al menos 200 militares están retenidos por campesinos afines al expresidente boliviano Evo Morales, tras el asalto a tres cuarteles en el marco de las protestas que comenzaron hace 20 días, informó el gobierno este sábado.
El viernes “tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares”, señaló la cancillería en un comunicado dirigido a la comunidad internacional.
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Además, “se apropiaron de armamento de guerra y municiones”, agregó.
En principio se informó oficialmente de un regimiento ocupado por manifestantes el viernes en Cochabamba.
A esa misma región, el gobierno boliviano envió a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en el despeje de carreteras bloqueadas por los partidarios de Morales.
El gobierno sólo ha identificado a uno de los tres cuarteles, el “Cacique Juan Maraza”.
En un video difundido por la prensa boliviana, se ven 16 militares rodeados de campesinos que blanden palos con la punta afilada.
Tras conocer los primeros hechos, el presidente boliviano, Luis Arce, exministro de Economía de Morales durante su gobierno (2006-2019), deploró la actitud de los indígenas.
“La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria”, señaló el gobernante.
El conflicto en torno a los militares se produce en el marco de bloqueos de caminos por parte de manifestantes afines a Morales, investigado penalmente por un caso de abuso a una menor en 2015 que él niega.
Sus seguidores denuncian que las acciones judiciales son parte de una “persecución judicial y política” del gobierno de Arce al líder indígena de 65 años.
Morales, para aumentar la presión, inició el viernes una huelga de hambre.
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Él lleva a cabo su ayuno en la región del Chapare, de donde no se ha movido ante la amenaza de una orden de detención de la fiscalía que lo investiga y luego de que el domingo pasado dijera que sufrió un atentado a tiros contra su vida.
Este sábado, el expresidente anunció que “la huelga de hambre va a ser hasta la liberación de todos y todas” sus “compañeros” que fueron detenidos por la policía.
Solo en los operativos policiales del viernes, 66 civiles fueron apresados que se suman a otro medio centenar desde que comenzaron los cortes de vías el 14 de octubre.
Al comenzar su ayuno, Morales planteó al gobierno discutir en las mesas de conversaciones “el tema económico” y “el tema político”.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reveló este sábado en una declaración de prensa que la estatal Defensoría del Pueblo gestiona un diálogo.
Aseguró que el gobierno acepta conversar, pero “para abordar temas que atañen al órgano Ejecutivo y no a otros órganos del estado”.
Prada aseguró que en otros llamados para dialogar, Morales ha condicionado resolver el tema de su candidatura para las elecciones de 2025.
La justicia declaró en diciembre pasado que el líder cocalero no puede aspirar nuevamente a la presidencia, porque ya fue reelegido una vez, como prevé la Constitución que impulsó el propio Morales.
Morales pidió el viernes a “los hermanos que están movilizados” que consideren suspender temporalmente “el bloqueo de caminos justamente para evitar hechos de sangre”.
Sin embargo, las medidas continúan principalmente en su fortín Cochabamba.
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Según la Administradora Boliviana de Carreteras, hay 16 puntos de cierres de vías que comunican con las ciudades de Santa Cruz (este) y Sucre (sureste).
El gobierno logró el viernes restablecer el tránsito en una ruta que comunica Cochabamba con La Paz, en un operativo policial que dejó 22 heridos, principalmente uniformados.
Las protestas, según el gobierno, han dejado un total de 92 lesionados.
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