Foto: AFP
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Bogotá. En un vuelo entre Inírida y Bogotá, el Ministerio de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía definieron parte de la estrategia con la que el gobierno de Colombia enfrentará a la disidencia de ‘’ y los otros exguerrilleros de las  que en la madrugada de este jueves anunciaron que retoman las armas, desconociendo los acuerdos del proceso de paz de La Habana.

En la mañana, antes de salir hacia la capital del Guainía para un consejo de seguridad, los altos mandos y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se reunieron en la base militar de Catam y luego, durante el viaje, adoptaron medidas de choque que de inmediato se empezaron a desplegar.




Horas antes, y a través de un video, que según el gobierno colombiano e inteligencia militar habría sido grabado en Venezuela, ‘Iván Márquez’ reapareció junto a ‘Jesús Santrich’, el ‘Paisa’, ‘Romaña’ y otros exguerrilleros de las FARC, y leyó un manifiesto en el cual anuncia su regreso a las armas y afirma que “la continuación de la lucha guerrillera es respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”.

Vestido de verde militar y con una pistola en la cintura, ‘Márquez’ afirmó que buscarán alianzas con el Eln y que pondrán en marcha “una nueva modalidad operativa que conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva”.

En su mensaje, el exjefe negociador de las FARC en los diálogos de La Habana, a quien se le había perdido el rastro desde marzo del 2018, habla de un supuesto “desmarque total de las retenciones con fines económicos”, en una aparente referencia a los secuestros, pero dijo que buscarán “el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar, por esa vía, su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas”.

En la cumbre militar y de policía cumplida entre Bogotá y Guainía se dieron las primeras instrucciones para cumplir con la orden del presidente Duque, anunciada por el propio mandatario sobre el mediodía, de crear una unidad élite para la persecución de los disidentes. Este grupo de la Fuerza Pública, dijo Duque, tendrá “capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano”.

Y, como se utilizó entre los años 90 y 2000, los exguerrilleros aparecerán en un cartel de los más buscados. Esto será a partir de la próxima semana. Así, se ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por ‘Márquez’ y cada uno de quienes lo acompañan en el video.

“Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos”, dijo Duque al referirse al tratamiento que le dará el gobierno de Colombia al grupo de ‘Márquez’.

Este pronunciamiento es muy importante pues será determinante en la decisión que deberá tomar el Consejo Nacional de Seguridad, que encabeza el Ministerio de Defensa, sobre si el grupo de ‘Márquez’ es catalogado como Grupo Armado Organizado (GAO) o Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor). En todo caso, luego de clasificarlos, contra ellos el Estado puede usar toda su fuerza de choque letal, incluyendo bombardeos y francotiradores.

No reconocerlos como guerrilla sino como una red criminal tiene otros efectos, como el hecho de que con ellos no será posible adelantar negociaciones de paz, con lo cual la única salida para su eventual entrega sería el sometimiento a la justicia, una figura que representa pocos beneficios para quienes decidan dejar las armas.

El gobierno de Colombia acudió además a la comunidad internacional y pidió que los exguerrilleros sean entregados si se encuentran en otros países. Advirtió que el Estado que los proteja viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Al mismo tiempo, la Fiscalía empezó a trabajar en un nuevo expediente que permitiría judicializar a los exguerrilleros sin tener que esperar que la Justicia Especial para la Paz (JEP) los excluya definitivamente. Fuentes oficiales le confirmaron a este diario que ya se expidieron órdenes de policía judicial para obtener el video de 32 minutos, que sería clave en el nuevo proceso judicial. Además se buscan informes de inteligencia para sustentar los delitos que se les podrían imputar.

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