Cuatro de los cinco acusados por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a tiros en un mitin en Quito, negaron su responsabilidad en el crimen durante el juicio ante un tribunal de Ecuador este viernes.
Laura Castillo, señalada de haber entregado motos y vehículos a los pistoleros, decidió acogerse a su derecho al silencio, mientras que los demás dieron breves testimonios en los que se declararon inocentes. El homicidio ocurrió el 9 de agosto de 2023, pocos días antes de celebrarse la primera vuelta de unas elecciones generales anticipadas.
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Villavicencio recibió un disparo en la cabeza cuando salía de un evento político en el norte de la capital. El asesino falleció en el intercambio de disparos con los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo a seis colombianos implicados pero todos fueron asesinados en prisión.
Carlos Angulo, a quien la Fiscalía acusa de haber dado la orden de disparar desde una cárcel, sostuvo que es un “chivo expiatorio” y que “no han podido probar” que pertenece “a un grupo delictivo”.
De 31 años y albañil de oficio, Angulo dio su declaración de manera telemática desde una prisión de Guayaquil (oeste). Conocido con el alias del “Invisible”, estaba en la cárcel de Cotopaxi (centro andino) cuando ocurrió el asesinato. Además, las autoridades lo señalan como líder de una facción de la banda criminal Los Lobos, una de las más grandes del país.
Angulo “sería el autor mediato de este crimen ya que habría ordenado la comisión de la acción valiéndose de una u otra persona”, dijo la fiscal Ana Hidalgo en su alegato final.
Según su investigación, la víspera del homicidio el hombre se unió a una videollamada con los sicarios.
Erick Ramírez (31 años), Víctor Flores (colombiano, 38) y Alexandra Chimbo (21), aseguraron no estar relacionados con el asesinato y al igual que los demás se negaron a contestar preguntas de la fiscal.
Siete personas fueron vinculadas al caso, pero una fue sobreseída y otra falleció, según la Fiscalía, que no dio detalles de la muerte de esta última. El ente investigador abrió de oficio otras dos pesquisas para indagar posibles omisiones en el caso.
Los acusados enfrentan penas de hasta 30 años de cárcel, según los abogados.
Villavicencio fue un periodista de investigación que destapó varios escándalos de corrupción. Sus hallazgos salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre los testimonios presentados a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la “cabeza” del candidato “valía 200.000″ dólares y que en el caso estaba implicado el gobierno de Correa.
El exmandatario que vive en Bélgica y es considerado un prófugo en Ecuador niega cualquier vínculo con el magnicidio.
