De qué trata la reforma del sistema de pensiones anunciada por Boric y qué pasará con las AFP en Chile

Pionero en la capitalización individual y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, el ahora cuestionado sistema privado de pensiones chileno podría sufrir importantes cambios si se aprueba la reforma anunciada este miércoles por el presidente Gabriel Boric.

En cadena nacional, el mandatario anunció que su propuesta contempla la creación de un modelo mixto con un aumento de la cotización del 10 al 16 % a cargo del empleador y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos.

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“Las AFP, en esta reforma, se terminan”, sentenció Boric. “Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”, apuntó.

Las pensiones llevan años en el ránking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Según el mandatario izquierdista, a través del nuevo sistema mixto, se mejorarán “sustantivamente las pensiones de todas las personas”. Con el actual sistema, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo (unos 400 dólares), señaló.

La propuesta del gobierno de Boric, que ingresaría la próxima semana al Congreso -donde no tiene mayoría- mantendrá el pilar de ahorro individual, que actualmente promedia un 10,5% del salario, y agrega un 6% a cargo del empleador, que hasta ahora no tenía ninguna participación.

El nuevo aporte del empleador “irá a un fondo de seguro social que permitirá mejorar las pensiones de todos y todas, pero especialmente de las mujeres que son las más afectadas por el actual sistema”, se explicó.

Las AFP serán reemplazadas por un Sistema Mixto de Pensiones, con un gestor público de inversión y actores privados.

“El actual sistema de pensiones está en crisis, y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, sostengan una vida digna en su vejez, sin importar cuánto trabajaron durante su vida”, dijo Boric.

Una vez aprobado el texto, el nuevo sistema mixto entregaría pensiones sustancialmente más altas que las actuales.

El mandatario entregó un ejemplo para un salario de 400.000 pesos (unos 423 dólares). En el caso de un hombre, el monto de la jubilación aumentará 46% y un 52% para las mujeres.

El nuevo sistema de pensiones propuesto por el gobierno será financiado con fondos que espera recaudar con una reforma tributaria -pilar del programa de reformas sociales de Boric- que el mandatario ya envió al Congreso en julio pasado y que busca captar un 3,6% del PIB total del país.

MODELO CUESTIONADO

Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980), el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y en desechar el modelo de reparto.

Cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una de las siete Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que existen.

Las AFP, empresas privadas reguladas por el Estado, obtienen beneficios millonarios tras invertir esos ahorros en los mercados, que suman cerca del 8 % del PIB chileno.

Actualmente existen siete AFP que gestionan los ahorros de los trabajadores, que al momento de afiliarse deben elegir entre cinco tipos de fondo (A, B, C, D y E) en función de su aversión al riesgo.

Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales y explica en un tercio el mayor crecimiento económico que Chile ha experimentado desde 1980 en adelante, según un estudio de la Asociación de AFP.

Sus detractores, sin embargo, consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema sólo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

En 2008, se hizo una reforma y se creó una pensión financiada por el Estado, dirigida al 60 % más pobre que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas.

El aporte estatal se amplió en 2021 hasta los 185.000 pesos mensuales (200 dólares).