El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró este jueves que no tiene interés alguno en una escalada de la tensión con Argentina, pero advirtió a su colega argentino, Alberto Fernández, de la necesidad de respetar mutuamente la instituciones, en respuesta a la polémica suscitada tras las críticas del “Grupo de Puebla” a la Justicia de Chile.
La firma del mandatario argentino es una de las 29 de líderes, abogados y jueces de Iberoamérica que aparecen en una controvertida misiva, publicada el miércoles por el citado grupo, en la que se ataca a la Justicia chilena por los retrasos en el proceso judicial por el llamado “caso SQM”, en el que está involucrado el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami.
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“Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas. Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”, dijo Boric durante la entrega de viviendas a los afectados por los incendios forestales que desde hace casi dos semanas devastan cuatro regiones del centro de Chile.
Horas antes, la ministra de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, había revelado que había abordado la nueva polémica con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, al que le había transmitido que “las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes”.
Más duro fue después el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien criticó la firma del presidente argentino en una carta en la que se denunciaba una supuesta maniobra de jueces y abogados cercanos al expresidente Sebastián Piñera para aplazar el juicio.
“No me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la justicia argentina. Yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero del punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido”, afirmó Cordero.
“Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile y, por lo tanto, el Ejecutivo no solo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”, agregó.
Este es la segunda polémica entre el Gobierno chileno y el Gobierno argentino en el último mes después de la filtración durante la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de un controvertido audio que implicaba a la Cancillería chilena y a la embajada de Argentina en Chile y al que los mandatarios de ambos países restaron importancia.
El jueves, el “Grupo de Puebla”, que reúne a numerosos y prestigiosos líderes políticos, y abogados de Iberoamérica, criticó a la Justicia de Chile por el nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), que entre otros, tiene como imputado al ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami.
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En una carta con 29 firmas, entre ellas la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo denuncia que “desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
“Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, criticaron.
En este contexto, expresaron su desencanto por la decisión adoptada esta misma semana, en la que se volvió a aplazar la apertura de la vista oral con un argumento que consideraron peregrino.
La misiva concluía con dos párrafos en los que los firmantes decían estar seguros de que “finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.
Ademas de la del presidente argentino y el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la misiva aparecían las rúbricas de líderes latinoamericanos como el colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa, el panameño Martín Torrijos y el boliviano Evo Morales (Bolivia).
Igualmente firmaron Celso Amorim, excanciller brasileño y actual asesor internacional del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Beatriz Paredes, así como juristas del Clajud, liderados por el ex juez español Baltasar Garzón.
El escándalo SQM estalló en 2015, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.
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El caso comenzó a ser indagado a fines de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por un caso similar de facturas falsas, conocido como “caso Penta”.
Según Biobio, la polémica sobre la apertura del Juicio Oral “ya la zanjó la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó abrir un sumario en contra de jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por eventuales negligencias”.
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