El Grupo de Puebla, que agrupa a la izquierda iberoamericana, rechazó los intentos de desestabilizar el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, al tiempo que pidió que el escándalo del hijo del jefe de Estado no se convierta en “un arma política contra la institucionalidad democrática”.
Así lo aseguraron el Grupo y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) en un comunicado, en el que “manifiestan su más profundo rechazo a los intentos de desestabilizar el gobierno de Colombia a través de un golpe blando cuyo objetivo final es desconocer el mandato popular que eligió a Gustavo Petro como presidente”.
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El documento lleva las firmas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que las de los exmandatarios de Colombia Ernesto Samper y de Ecuador Rafael Correa.
Los firmantes puntualizan que ven con preocupación la postura de políticos, incluidos algunos expresidentes, que “haciendo uso indebido de informaciones falsas (...) sobre el proceso judicial que investiga a uno de los hijos del actual presidente colombiano por posible financiación irregular de su campaña anuncian y legitiman escenarios de ruptura democrática que solo caben en sus mentes autocráticas”.
Nicolás Petro Burgos, primogénito del jefe de Estado, reconoció ante la Fiscalía que recibió dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.
Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de Petro en 2022, aunque el hijo aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.
El Grupo de Puebla añade en su comunicado que desde hace varios meses se gesta una campaña contra el Gobierno de Petro para “aprovechar cualquier crisis, por mínima que sea, para exigir sin ningún fundamento la renuncia del mandatario, con total desapego por la Constitución colombiana”.
En ese sentido, exigió que sea respetado el debido proceso de las personas involucradas en la investigación judicial, “sin permitir que sea utilizado, como lo pretenden hacer los voceros de la oposición colombiana, como un arma política contra la institucionalidad democrática”.
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Igualmente, pidieron al Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, que se abstenga de “convertir este caso en un proceso mediático de judicialización política, en un nuevo caso de lawfare (guerra judicial)”.
Por último solicitaron a la comunidad internacional, y en especial a la comunidad jurídica y a los defensores y defensoras de los derechos humanos que “exijan” a la Fiscalía colombiana que “cese en su clara actitud de injerencia política para desgastar al actual gobierno y a la presidencia de Gustavo Petro”.
