El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, se enfrenta a tres posibles escenarios en el ámbito de un juicio político en su contra: Ser destituido, disolver el Congreso o permanecer en el cargo con un Legislativo dominado por la izquierda. El impopular mandatario, de 67 años, encarará este martes el segundo intento del unicameral Congreso por destituirlo en casi un año, ahora bajo la acusación de presunta corrupción.
En los primeros dos años de los cuatro para los que fue elegido no ha conseguido un acuerdo con la izquierda preponderante en el Legislativo, lo que ha derivado en una inestabilidad política que recuerda la registrada entre 1997 y 2005, cuando tres presidentes fueron derrocados.
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El Parlamento requiere 92 de los 137 votos para defenestrar a Lasso, en un hemiciclo integrado con fuertes corrientes opositoras: el movimiento afín al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica, y Pachakutik, brazo político del poderoso sector indígena.
La Asamblea debe reunir el voto de las dos terceras partes de sus miembros (92) para destituir al presidente, que por ley puede hacerse en caso de delitos contra la seguridad del Estado, de corrupción y por genocidio o desaparición de personas.
Lasso es acusado por el correísmo de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Según los señalamientos, el mandatario no ordenó la culminación de un acuerdo suscrito antes de que se posesione para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, pese a que dejó pérdidas por más de seis millones de dólares.
Lasso, que proclama inocencia, deberá acudir este martes al pleno del Congreso para dar su versión y escuchar a la contraparte. De no hacerlo, será juzgado en rebeldía. Luego seguirá un proceso de votación que podría tardar varios días.
En caso de ser removido, Lasso será reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero, con quien fue elegido en binomio. El nuevo presidente, que deberá completar el actual período de cuatro años, presentará ante el Congreso una terna para la designación de vicepresidente.
Lasso tiene la opción constitucional de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de donde saldría un gobernante encargado de terminar el actual período.
Esa opción, llamada “muerte cruzada”, la puede decretar antes de la votación en el juicio.
El mandatario ha señalado que apelaría a la causal de obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que no requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, para disolver el Congreso.
La ley también le permite hacerlo por grave crisis política y conmoción interna, y por arrogación de funciones.
Para evitar la destitución, Lasso necesita 46 apoyos en el Congreso.
En junio de 2022, el Legislativo reunió 80 de los 92 en una votación directa con la intención de removerlo por grave crisis política en medio de fuertes protestas de indígenas por el alto costo de vida, que dejaron varios muertos y cientos de heridos.
El domingo, el Congreso tuvo elecciones internas para rearmar su máximo órgano de administración y la oposición -mayoritaria aunque dispersa- captó los siete puestos de esa entidad con hasta 100 sufragios.
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