El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comparecerá ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que tramita su juicio político por presunto peculado, aseguró este miércoles el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, al señalar que el gobernante ratificará allí “que no ha cometido ilícito alguno”.
LEE TAMBIÉN: ¿Qué es el Título 8, la norma de expulsión que reemplaza al Título 42 en EE.UU.?
El martes, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Legislativo aprobó entrar en la última fase del proceso, donde habrá una interpelación a Lasso, que será convocado para defenderse ante la Cámara por una acusación de presunto peculado (malversación) y, posteriormente, se votará su permanencia en el cargo.
Lasso “no ha cometido peculado alguno. Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe”, aseguró este miércoles Cucalón al anotar que el juicio político “jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”.
“La posición del jefe de Estado es que, a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad”, dijo el ministro en la televisión Ecuavisa.
El funcionario opinó que el proceso contra Lasso “nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchísimos vicios, pero el presidente de la República, a pesar de eso, le debe un mensaje a su pueblo”.
En la Cámara, el gobernante ratificará que “no existe peculado alguno por parte del presidente, ni siquiera en la vía de la omisión, que no existe en materia penal el delito contra la administración pública, en el caso denominado Flopec”, anotó.
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
SEPA MÁS: Parlamento de Ecuador aprueba juicio político contra el presidente Guillermo Lasso
Tras la resolución del martes, la Asamblea debe convocar a una sesión del pleno en el plazo de cinco días para la celebración en esa instancia del juicio político contra Lasso, lo que coincide con la elección de la nueva mesa directiva, que dirigirá el hemiciclo por los dos próximos años.
Aunque el martes solo estuvieron presentes en la sesión del pleno 116 de los 137 asambleístas, los votos favorables a continuar con el proceso fueron apenas cuatro menos de los 92 que necesita la oposición para alcanzar su propósito de destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios de la Asamblea.
Entre los partidarios de enjuiciar a Lasso están varios grupos parlamentarios como Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017); el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo socio electoral de Lasso; el movimiento indígena Pachakutik y algunos independientes.
De esta forma, la oposición se manifestó en contra del informe que recomendaba archivar el proceso por falta de pruebas contra Lasso, elaborado por la Comisión de Fiscalización, que el pasado sábado no logró aprobar el documento y pasó al pleno de Legislativo.
LEE TAMBIÉN: Milicias palestinas lanzan más de 270 cohetes desde Gaza hacia Israel
En caso de que la oposición lograse los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la Presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.
Lasso ya logró salvar una situación similar en junio de 2022, cuando en medio de una oleada de protestas lideradas por el movimiento indígena la Asamblea votó una moción para destituirlo por grave conmoción local, que reunió 80 votos.
Ahora el mandatario ha sido incluso quien ha deslizado la posibilidad de, llegado ese escenario límite, recurrir a la denominada “muerte cruzada”, una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas para gobernar hasta entonces mediante decretos.
Esa posibilidad podría generar, según han advertido varios movimientos sociales, un estallido de protestas de grupos que aseguran haber sido golpeados por políticas neoliberales de Lasso.
Lima:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2BGY56L7IBBZNN2AMOUXQ6PJG4.jpg)
