El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que entregue a los colombianos encarcelados en El Salvador, en virtud de la orden judicial que suspendió las deportaciones desde Estados Unidos a ese país.
La Corte Suprema estadounidense ordenó detener hasta nuevo aviso las deportaciones de migrantes supuestamente vinculados a pandillas venezolanas desde Texas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
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“No aceptamos, y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela”, dijo Petro en su cuenta de X. Calificó el fallo del tribunal como “universal”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y enviarlos a El Salvador.
Un grupo de venezolanos fue deportado bajo el amparo de esta legislación el mes pasado. Los abogados de las familias de los detenidos y defensores de derechos humanos aseguran que los migrantes no pertenecían a ningún grupo criminal.
“Ningún latinoamericano demócrata puede aceptar (...) que por los crímenes de la banda llamada ‘Tren de Aragua’ se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio”, sostuvo Petro.
“Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Déjen libre al pueblo venezolano”, escribió el izquierdista en X.
El mandatario repitió que tratar a los migrantes como criminales es una idea “facha”, derivada del fascismo.
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Hasta ahora, esta ley solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, y en las dos guerras mundiales del siglo XX.
El gobierno de Trump presentó el sábado una moción contra el fallo judicial para retomar las deportaciones y cumplir con su promesa de campaña de expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos.
El penal Cecot en El Salvador, adonde ya fueron trasladados varios venezolanos y al menos un colombovenezolano, es el más grande de Latinoamérica con capacidad para 40.000 reclusos. También acumula denuncias de hacinamiento, malas condiciones y restricciones en las visitas.
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