La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este miércoles en su informe anual su preocupación por los recortes en la financiación pública de programas sociales en Argentina, las restricciones a la libertad de reunión e “intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo” durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei.
El informe subrayó además entre los elementos más importantes del apartado sobre Argentina que, aunque la desaceleración de la inflación ayudó a reducir la pobreza (según los datos oficiales), “la proporción de trabajadores informales aumentó”, dejando a más argentinos en una situación laboral precaria.
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HRW señaló que en mayo de 2025 expertos de la ONU alertaron sobre “el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023” y destacó una protesta del pasado 12 de marzo frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad actuaron de forma “indiscriminada y temeraria”, dejando al menos 20 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, con una grave lesión en la cabeza tras ser impactado por una granada de gas lacrimógeno.
El informe destacó además que Milei y otros funcionarios han usado “un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes” y advirtió sobre la aprobación por parte de la agencia de inteligencia de un plan de vigilancia de personas que socavarán la confianza pública en funcionarios o en la política económica.
La ONG enfatizó que el Congreso argentino lleva años sin reunir la mayoría necesaria para designar un procurador general, un defensor del pueblo y jueces que ocupen los asientos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
En febrero de 2025, Milei emitió un decreto presidencial para designar a dos jueces en la Corte Suprema, eludiendo al Senado, que en abril rechazó las designaciones, dejando al tribunal con solo tres miembros en lugar de los cinco previstos.
En materia de corrupción, destacó que la Corte Suprema en 2025 confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
HRW mencionó también las denuncias de corrupción contra Milei y su entorno, incluyendo una por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que dejó a miles de inversores damnificados, y otra sobre compras de medicamentos con sobreprecios en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En materia económica, el informe subrayó el avance durante el segundo año de gobierno de Milei de “recortes severos a la financiación pública de servicios y programas esenciales, incluyendo educación, pensiones, salud y apoyo a personas con discapacidad”.
Remarcó también el aumento del empleo informal y mencionó los intentos del Gobierno por bloquear iniciativas del Congreso para aumentar las pensiones y los fondos para personas con discapacidad y las universidades.
HRW denunció que el Gobierno profundizó durante 2025 los recortes a programas contra la violencia de género, cerrando 81 Centros de Acceso a la Justicia, que brindan servicios de atención legal primaria gratuita.
El informe advirtió también sobre una disminución de fondos para implementar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y recortes a pensiones no contributivas, además de retrasos en pagos a proveedores de servicios para personas con discapacidad.
Además, alertó sobre un aumento de agresiones y asesinatos por razones de género y subrayó que Milei continuó realizando en 2025 comentarios negativos sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y la educación sexual inclusiva.
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