Ider Humberto Álvarez García, alcalde del municipio Playa de Belén, en la convulsa región del Catatumbo de Colombia, en la frontera con Venezuela, tuvo que abandonar el país por las constantes amenazas y atentados por parte de grupos armados que ha recibido desde que inició su mandato en 2020.
El alcalde de este municipio de Norte de Santander abandonó este miércoles el país después de que los grupos armados que operan en esa zona, entre los que se encuentran disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), le hayan exigido hasta 150 millones de pesos (37.000 dólares) por no acabar con su vida.
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Así mismo, tomó la decisión de renunciar a su cargo como alcalde por medio de una carta enviada al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, en la que resaltó que la situación para ejercer su trabajo resultaba insostenible por las graves amenazas y acciones violentas en su contra.
“Los grupos al margen de la ley no dan muestras de paz, por lo tanto, resulta muy complejo retar a los grupos para poder ejercer nuestro oficio. Yo no seré un mártir de una guerra sin sentido; se debe garantizar la seguridad de toda la comunidad en los territorios, que estemos cómodos y tranquilos”, expresó Álvarez.
El alcalde lamentó la falta de apoyo por parte del Gobierno Nacional, pues el mandatario del municipio de Tibú (en Norte de Santander), Nelson Leal, también tiene amenazas por los grupos armados que operan en el Catatumbo, y despacha en remoto desde Cúcuta, la capital departamental.
La primera arremetida hacia Álvarez ocurrió el año pasado y se produjo en la vía que comunica los municipios de La Playa con Ocaña, siendo impactado el vehículo en 15 oportunidades por hombres que se desplazaban en motocicleta. En este hecho el ahora exalcalde resultó ileso, pero uno de los hombres que los acompañaba en su esquema de seguridad fue herido.
“He recibido amenazas de muerte en varias oportunidades, por eso me ha tocó despachar desde Cúcuta”, dijo a los medios de comunicación el funcionario en esa oportunidad.
Por este hecho, el mandatario se vio obligado a ejercer su labor desde la ciudad colombiana que limita con Venezuela y posteriormente en Ocaña, pero cuando quiso volver a su pueblo, a inicios del mes de junio, fue hostigado a ráfagas de fusil desde los cerros aledaños. Álvarez se refugió en la Alcaldía y luego escapó por una ventana.
En un reciente consejo de seguridad realizado en Cúcuta, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había dado la orden a los gobernantes locales de que ejercieran sus labores desde sus municipios, a pesar de que no hubiera garantías de retornar seguros.
Por su lado, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), dijo en un comunicado que “hace más de 20 años un alcalde no renunciaba a su cargo por amenazas a su integridad”, al tiempo que reiteró al Gobierno nacional su pedido de reforzar la seguridad del país, especialmente la de los mandatarios locales.
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También insistieron en que el Gobierno debe “brindar garantías para el ejercicio electoral que se realizará el próximo 29 de octubre”, en las que los colombianos elegirán también gobernadores, diputados regionales, concejales y juntas de administración local.
Igualmente, recordaron que en días pasados la Federación junto con la Defensoría del Pueblo realizó un encuentro con alcaldes de las zonas más afectadas por la violencia en el que los mandatarios locales denunciaron la difícil situación que se vive en la “Colombia profunda” y “a la fecha la situación no ha cambiado”.
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