La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves los recursos presentados por el expresidente Jair Bolsonaro para apartar a dos de los magistrados que analizarán la denuncia por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.
La mayoría de los integrantes del máximo tribunal votaron en línea con el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, y dieron vía libre a que el proceso judicial contra el líder ultraderechista continúe tal como previsto.
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La defensa de Bolsonaro trató de impugnar a Flávio Dino, exministro de Justicia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del mandatario, al considerar que no serían imparciales.
Los abogados argumentaron que tanto Dino como Zanin presentaron denuncias en el pasado contra Bolsonaro y que algunos de estos procesos seguían abiertos.
Barroso rechazó los argumentos porque, afirmó, la ley solo prevé la impugnación de un juez cuando tiene que decidir sobre un caso en el que están involucrados familiares o cuando este ha declarado como testigo en el mismo.
De los diez magistrados que votaron los recursos, solo André Mendonça, quien fue propuesto por Bolsonaro para integrar el tribunal, se pronunció a favor de apartar a Dino, si bien no a Zanin.
Por otra parte, el Supremo también denegó un tercer recurso de otro de los acusados, Walter Braga Netto, quien fue ministro de Defensa de Bolsonaro y su candidato a vicepresidente en 2022, para recusar al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso de golpismo.
Según los abogados de Braga Netto, De Moraes no debería participar en el juicio porque, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía General de la República, este fue el objetivo de un plan de asesinato como parte del golpe.
Sin embargo, Barroso afirmó que esta petición había sido presentada fuera de plazo y que, en cualquier caso, las razones argumentadas por la defensa no eran suficientes para justificar la recusación.
Aquí también, Mendonça fue el único magistrado favorable a una recusación de De Moraes.
Los acusados, además, solicitaron previamente y sin éxito ser juzgados por el pleno del tribunal y no la Sala Primera, formada por cinco magistrados alejados de las posiciones más conservadoras, ninguno de ellos propuesto por Bolsonaro.
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Así, la Sala Primera ya programó para el 25 y el 26 de marzo tres sesiones extraordinarias en las que decidirá si acepta las denuncias por golpismo contra el expresidente y otros siete de los acusados, y si abre un proceso penal.
La denuncia presentada en febrero por la Fiscalía acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las que Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.
Según la acusación, la trama desembocó en la invasión violenta por parte de seguidores del líder ultra de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
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