Un juez de la Corte Suprema de Brasil dio este miércoles un plazo de 48 horas a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para que explique “el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”.
La decisión fue del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso penal que enfrenta el líder ultraderechista por supuestamente intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
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El juez pidió explicaciones después de que la Policía Federal encontrara en uno de los celulares del exjefe de Estado confiscados un “documento de 33 páginas” en el que solicita asilo político al Gobierno argentino de Javier Milei.
El texto, sin fecha ni firma, pero dirigido al mandatario argentino, estaba en el teléfono de Bolsonaro desde 2024, cuando fue objeto de las primeras diligencias por el caso de golpismo.
Según las autoridades, los elementos encontrados indican que Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, “tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación”.
En el escrito, el expresidente alega que en su país es “perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos” y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces.
Los agentes sospechan además que el autor del archivo con el pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del exgobernante.
De Moraes también incluye en su decisión que la Policía Federal también verificó en el celular de Jair Bolsonaro “el reiterado incumplimiento” de la medida cautelar relacionada con el veto al uso de sus redes sociales.
Esos hechos están recogidos en las conclusiones de la investigación contra Bolsonaro y otro de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por “coaccionar” al Supremo en el marco del juicio por golpismo, con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos.
La Policía sostiene que ambos son sospechosos de intentar torpedear el proceso, lo que podría encuadrarse en los “delitos de coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales”.
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Según las autoridades brasileñas, Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace unos seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump “a la práctica de actos hostiles contra Brasil” con el objetivo de “archivar” la causa por golpismo.
Bolsonaro afronta en el Supremo un juicio penal bajo la acusación de “liderar” una conspiración golpista para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.
Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó al presidente de EE.UU., Donald Trump, a imponer un arancel del 50 % adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces del Supremo.
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