La corte suprema de Brasil convirtió este miércoles a Jair Bolsonaro en el primer expresidente a ser juzgado por intento de golpe de Estado desde el regreso a la democracia, aunque varios de sus predecesores también fueron enjuiciados, la mayoría por corrupción.
Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto antes del exmandatario de extrema derecha (2019-2022) fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.
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Primer presidente electo por voto universal directo tras la dictadura, Collor (centro-derecha) renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva.
De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado más tarde a una pena de ocho años de prisión por corrupción por la corte suprema.
En el marco del megaescándalo destapado por la investigación “Lava Jato”, fue declarado culpable de haber facilitado “de manera irregular” la firma de contratos entre una empresa de construcción y una filial de la petrolera pública Petrobras.
También objeto de la investigación “Lava Jato”, Lula fue encarcelado 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, después de haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Acusado de haber recibido un tríplex frente al mar de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos, su condena fue finalmente anulada por la corte suprema, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había condenado en primera instancia había sido parcial.
Esta anulación permitió a la figura más emblemática de la izquierda brasileña disputar y ganar la elección presidencial de 2022, frente al saliente Bolsonaro.
Heredera de Lula, la primera mujer electa presidenta de Brasil fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas.
La caída libre de su popularidad, debido entre otras cosas a una recesión, y grandes manifestaciones en contra, prepararon el terreno para su salida.
La izquierda brasileña considera aún hoy que dicho proceso fue un “golpe de Estado” parlamentario teñido de misoginia.
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Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Temer (centro-derecha), quien tampoco demoró en aparecer en las primeras planas de los diarios por sus problemas judiciales.
Acusado de corrupción en el marco de la investigación “Lava Jato”, se salvó dos veces en 2017 de un juicio ante la corte suprema, gracias a un voto desfavorable de la Cámara de Diputados.
Después de dejar el poder, fue encarcelado dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia, pero resultó liberado en ambas ocasiones a los pocos días.
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